La imagen define la naturaleza violenta de quienes dicen representar a la ley. Los senadores Richer, Pereira y Santacruz son vistos en la invadida estancia Pindó, arengando a los violentos. Estos mismos parlamentarios buscan la expropiación de la propiedad privada basados en la lógica castro-chavista.

Este jueves se realizará una sesión de importancia extraordinaria para el futuro democrático del Paraguay, teniendo en cuenta que será tratado un proyecto temerario que busca “legalizar” la violencia con la expropiación de las invasiones, en medio de la expectativa generalizada de productores y la ciudadanía no comprometida con la ideología del terror, en este caso propugnada por la izquierda luguista y sectores mediáticos vinculantes con fuertes intereses en el gobierno actual.

Frente Guasu y otros partidos de izquierda se alinean como velas detrás de la propaganda bolivariana que, bajo el pretexto de favorecer a supuestos estratos sociales menos favorecidos, hace directa apología de la violencia para la tenencia de la tierra por medio de la fuerza, violando abierta y arteramente la letra y el espíritu de la Constitución Nacional del Paraguay que consagra derechos inalienables sobre la propiedad privada.

Con todos los medios a su alcance, especialmente sectores mediáticos al servicio del socialismo chavista, la izquierda procura de forma prioritaria la expropiación de la agroganadera Pindó, invadida en el 2012 por una horda de incendiarios que destruyeron la vivienda del casco central, maquinarias, equipos de labranza, vehículos en general, y dispararon a matar contra el personal del lugar, profiriendo amenazas de muerte contra tirios y troyanos en un escenario calcado de las zagas de ciencia ficción o las viejas películas del Oeste.

Esa misma propiedad tomada por la fuerza y la violencia es la que ahora reivindican como propia, con la ayuda de políticos que, lejos de respetar las leyes que otorgan derechos consagrados a los propietarios, apuntan a objetivos proselitistas y crematísticos, a sabiendas de la importancia de generar ingresos, en este caso recursos espurios, para mantener la pesada estructura de presión y amedrentamiento en todos los niveles posibles.

“Este caso en particular es enormemente importante porque estará sentando jurisprudencia en el tema de las invasiones”, afirmó uno de los propietarios de Pindó, tras recordar que, en caso de que la violencia gane, alrededor de un centenar de invasiones distribuidas en varios puntos del país pasarían a manos de los violentos, instalando total anarquía de derechos.

“Por eso, más que nunca debemos estar firmes ante esta verdadera amenaza que se extiende sobre nuestro país”, alertó el afectado.

Antes de ser atacada, Pindó contaba con casi 5.000 hectáreas de tierra con una rica producción agroganadera, y más de 2.000 hectáreas de bosques nativos certificados como reserva natural que hoy día aparecen raleados como producto de la depredación indiscriminada que arroja ganancias espurias siderales para los “campesinos sin tierra” que, organizados en cooperativa, cuentan con la bendición de la izquierda en el Congreso para cometer todo tipo de abusos contra el medio ambiente y la integridad de las personas, en medio de la impunidad absoluta, al más puro estilo castro-chavista.

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