Los líderes invasores acumulan 5 órdenes de detención, ante el silencio de la Policía Nacional, que alude a la insuficiente cantidad de agentes y la falta de seguridad del personal uniformado para entrar al lugar y cumplir con su trabajo.
El Ministerio Público ha completado todas las diligencias correspondientes y ha cumplido todos los protocolos establecidos para sacar a los campesinos de la propiedad, a través de nada menos que 5 órdenes de desalojo y la misma cantidad de órdenes de captura contra los invasores, pero en los 8 años de ocupación todo sigue igual en cuanto a la inacción de los organismos del Estado y peor en materia de práctica de actividades ilegales, entre ellas el abigeato, el cultivo de marihuana, la extracción de preciosas maderas del bosque nativo de 2.400 hectáreas declarado patrimonio de la humanidad, la producción masiva de carbón y otras perlas.
En las distintas causas que se tramitan, tanto la principal sobre invasión de inmueble ajeno como las abiertas en investigación por delitos conexos de abigeato, ataques vandálicos, incendios y destrucción integral existen imputaciones y órdenes de capturas de cumplimiento impredecible por la falta de voluntad de las autoridades correspondientes.
En la causa Nº 149/12 sobre “Invasión de inmueble ajeno”, el fiscal de la causa, Lorenzo Lezcano, ha dictado orden de captura contra los líderes de este grupo de invasores, identificados como, Jorge Mercado, Ana María Santander, Emilio González, Rosana Mabel Bareiro, Richard Escobar, Angélica Silva, Joselina Coronel, Félix Irala, Atanacio Jara y Reinaldo de Jesús Irala.
En la causa Nº 1723/14 sobre “Hecho punible contra el medio ambiente”, el fiscal de la causa, Jorge Romero Lezcano, ha dictado orden de captura contra los líderes de este grupo de invasores, ellos son: Jorge Mercado, Richard Escobar, Ana María Santander.
En la causa penal abierta como consecuencia del ataque e incendio del casco principal de la estancia Pindó, el fiscal de la causa en ese entonces, Cristhian Roig, ha dictado orden de captura contra Benigno Coronel, Milciades Coronel, Epifanio Giménez.
Además, se han presentado inútilmente decenas de denuncias de quemas de retiros, tráfico ilegal de maderas, ataque a los peones de la estancia, abigeato y contaminación de caudales hídricos con muerte masiva de peces, que son delitos vinculados a las acciones realizadas por estas personas que viven al margen de la ley, ilegalmente dentro de una propiedad privada.-
El Poder Judicial ha dictado S.D. Nº 01 del 3 de febrero de 2015, dictada por el juez de Curuguaty, Carlos Martínez, haciendo lugar al amparo solicitado y ordenó la expulsión de las personas extrañas a la ganadera Pindó, y después de ello ordenó que el orden jurídico violentado sea restituido de inmediato.
Desde entonces, hace 5 años, esta sentencia nunca se ejecutó.
El Ministerio del Interior (Policía Nacional) se suma a la lista del Estado ausente en Pindó porque no cumple ni puede llevar adelante ninguna de las sentencias ni ha realizado los operativos para la expulsión y detención de los invasores delincuentes bajo argumentos repetidos hasta el cansancio: Insuficiente cantidad de agentes y falta de seguridad para el personal.
En esta situación, el Estado de Derecho y la seguridad jurídica en Pindó son violados de forma flagrante e impune desde hace 8 años, sin que autoridad alguna de la zona, del departamento de Canindeyú y del país exponga un ápice de interés en honrar su cargo y su salario pagado por el pueblo.