El objetivo final de Diputados es alterar el escenario electoral y sacar del camino al presidenciable Santi Peña, afirmó Latorre tras señalar que por eso el abdismo y la oposición están significativamente interesados en el juicio político a la fiscal general.
El país está sumido en una profunda crisis económica y moral, con una terrible inflación y una situación de inseguridad nunca antes vista, entre otros males gravísimos, pero en la Cámara de Diputados continúan ciegos, sordos y mudos ante esta situación porque priorizan el libreto definido de continuar con el circo de un juicio político contra la fiscal general del Estado que, para desdicha de ellos, acaba de ser premiada internacionalmente por su lucha contra el crimen organizado siendo nombrada presidente sustituto de la Asociación de Fiscales de Iberoamérica, afirmó el diputado Raúl Latorre.
En una entrevista publicada por el diario La Nación, Latorre señaló que la grave crisis de inseguridad golpea a la gente, quien tiene miedo de salir a la calle y escuchar el ruido de una moto porque piensa que será asaltada.
Pese a todo, “en la Cámara de Diputados seguimos en el circo de un juicio político, en el cual no tienen los votos y cuyo único objetivo final es alterar el escenario electoral”, remarcó, en referencia a las discusiones seriadas del libelo acusatorio contra Quiñónez que fue convocado por cuarta vez por la alianza abierta entre el sector abdista, la concertación opositora y la prensa amiga, posiblemente hasta obtener los votos que buscan, “lo cual nunca lograrán”, según el referente principal del cartismo, Basilio Núñez.
Latorre dijo que el objetivo general de la entente oficialista-opositora es sacar de la cancha electoral al presidenciable Santiago Peña y de esta manera tratar de torcer la intención tempranamente manifestada por la gente a través de encuestas y sondeos que, según afirma, le dan al candidato cartista una ventaja abrumadora por encima de todos sus perseguidores.
Con respecto a la victoria que buscan los abdo-opositores en Diputados, señaló que ya han ejercido toda la presión y extorsión que pudieran realizar, despreciando el principio constitucional de que no existe el mandato imperativo, como quieren darlo a entender, y que la Constitución Nacional al cual alegan obediencia prohíbe juzgar dos veces a la misma persona por la misma acusación pero, sin embargo, la fiscal general está siendo juzgada en tercer intento.