“No se puede concebir una colonización en una zona boscosa natural porque se trataría de un contrasentido”, explicó el directivo rural, tras señalar el peligro que se cierne para la propiedad privada con la pretendida expropiación de Pindó.
Con el apoyo de la izquierda en el poder y acompañamiento mediático, los invasores de la estancia Pindó, en el departamento de Canindeyú, han avivado una nueva embestida que busca la expropiación de la propiedad privada en poder de familias alcahueteadas por políticos y prensa amiga.
Se trata de una propiedad de 4.500 hectáreas con bosques nativos protegidos que desde el 2012 vienen siendo deforestados a gran escala, como parte de la producción ilegal que es acompañada por otros tipos de prácticas delictivas, como el abigeato y el cultivo de marihuana, que generan ganancias millonarias a los invasores.
Cinco órdenes de desalojo han sido olímpicamente ninguneadas en todo este tiempo bajo diversos argumentos tipificados como excusas, ante el poder e influencia de actores políticos vinculados a la izquierda, donde saltan los nombres de los senadores Fernando Lugo, Sixto Pereira, Hugo Richer y Pedro Santacruz como “padrinos” de los invasores.
“Lo de Pindó es un atropello a la Ley de Deforestación Cero y a la propia Ley de Reforma Agraria”, expresó el Dr. Diego Torales, directivo de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).
Señaló que el Congreso de la Nación no debería expropiar, bajo ningún concepto, la propiedad en cuestión.
“No se puede concebir una colonización en una zona boscosa natural porque se trataría de un contrasentido”, explicó el directivo rural, tras observar que en un hipotético proceso de expropiación reclamado por los violentos se debe tener en cuenta también la carga de la deuda pública.
“Estamos hablando de unos 45 millones de dólares que costaría el predio usurpado, a razón de unos 10.000 dólares la hectárea, que es el costo promedio de la tierra en esa zona”, recalcó.
“Por todo ello, no se puede tolerar la expropiación de una propiedad atacada con violencia donde los supuestos sintierra han ocasionado incendios y destrucción, desmantelamiento de la estructura de trabajo, disparos de armas de fuego e incluso secuestros, todos ellos impunes”, alegó.
“Si se va a legitimar todo esto con la expropiación, el mensaje que se le está dando a todos los que viven en este país, especialmente a los propietarios, es que todo se puede lograr con la violencia y el caos. No creo que este sea el mensaje correcto si, como país, queremos salir del pozo”, puntualizó el Dr. Torales.