Foto publicada por el diario ABC Color donde agentes de la Armada requisan chucherías sin orden fiscal en Remanso, mientras peces gordos de la Armada y la propia dependencia anticontrabando hacen pasar volúmenes descomunales de productos ilegales en las narices del Estado, según evidencias.
Ni bien pisó suelo paraguayo después de su paseo por Dubai, el presidente Abdo Benítez es sometido a una intensa presión de varios sectores, incluso desde carpas de su propio movimiento político, para destituir sin más trámites al comandante de la Armada Nacional, Carlos Velázquez, y al ministro de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión al Contrabando, Emilio Fuster, acusados de pervertir arteramente el esquema de control oficial para permitir el contrabando en gran escala, con todo el perjuicio que esto significa para el sector comercial formal.
El caso, que saltó a la luz pública mientras el presidente se encontraba haciendo turismo en Dubai, compromete en grado de protagonistas a los dos altos funcionarios públicos, que hoy día están en el ojo de la tormenta y dependen en gran medida de la decisión de Abdo Benítez para continuar en sus cargos.
La Unión Industrial Paraguaya (UIP) encabeza las protestas extendidas del sector formal del país que pide medidas contundentes para frenar el flagelo que, según afirma, perjudica en grado sumo a los que apuestan por la legalidad y ofrecen fuentes de trabajo a millares de personas de todas las edades, más aún en un momento sensible por los rigores de la pandemia y el delicado estado de la salud económica nacional, regional y mundial.
Parlamentarios de diversos partidos y bancadas, incluso los del sector oficial y aliados opositores, coinciden en la gravedad de la situación declarada y piden a las instancias correspondientes tomar cartas en el asunto, entre ellos una posible convocatoria ante el Congreso a los dos principales involucrados para ofrecer explicaciones acerca del esquema invisible a la luz pública, pero con evidencias imposibles de desmeritar, a tenor de la denuncia efectuada por el periodista Alfredo Guachiré, devenido en artífice de pruebas de corrupción en gran escala y a alto nivel de gobierno.
“Esto que ha pasado es gravísimo”, disparó este lunes el diputado liberal Bartolomé Ramírez a la prensa, en coincidencia con otros colegas que idealizan un combo de sanciones para las instancias comprometidas, entre ellas la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de la Nación.
Tanto Fuster como Velázquez (hermano del vicepresidente de la República Hugo Velázquez y con aspiraciones presidenciales para el 2023), tenían conocimiento del comercio ilegal a gran escala, pero no procedieron a denunciarlo como lo ordena la ley sino que lo mantuvieron silenciado, posiblemente con la finalidad de manejar el negocio ilícito y obtener de esta manera lucro fácil y multimillonario a la sombra de sus respectivas obligaciones con el Estado y con los cargos que ostentan.