“No es necesario mencionar las graves consecuencias para la economía y, por ende, para toda la sociedad, cuando se vulnera el Estado de Derecho y se atenta contra la actividad privada”, afirma la FARM. En la foto, los senadores Richer y Pereira en la invadida estancia Pindó, ofreciendo ayuda para «legalizar» la usurpación.
La Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) dio a conocer una declaración, por la cual señala que el gremio agroproductivo cierra filas y hace causa común ante hechos repetidos de usurpación de la propiedad privada en la región, especialmente en Argentina y Paraguay, donde agrupaciones violentas atacan la inversión privada reivindicando derechos negados por las leyes nacionales.
El gremio, del cual forma parte nuestro país a través de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), ve con “gran preocupación” lo que califica como “violación sistemática de la propiedad privada en varios países de la región, y denuncia la permisividad y displicencia de las autoridades de gobierno respectivos, y la misma justicia, ante la crítica situación”.
Tras referirse en particular a los últimos hechos ocurridos con la ocupación de tierras en Argentina, e invasiones de propiedades productivas en Paraguay, señala que el respeto a la propiedad privada es un fundamente central del Estado de Derecho.
“Como ciudadanos habitantes de una República, condenamos toda violación a nuestros derechos constitucionales y el uso de la fuerza que atente contra esta”, señala la FARM.
Añade que la usurpación en el derecho de propiedad de los recursos productivos atenta contra el desarrollo económico y social de los países miembros.
“No es necesario mencionar las graves consecuencias para la economía y, por ende, para toda la sociedad, cuando se vulnera el Estado de Derecho y se atenta contra la actividad privada”, alega, tras recordar que los ejemplos en este sentido abundan.
Insta a los poderes de Estado de los países miembros de la FARM a actuar de acuerdo a los mecanismos legales vigentes, con el fin de resguardar y garantizar la paz de los pueblos de la región.
El comunicado tiene relación implícita con la invasión violenta de la estancia Pindó por parte de campesinos ideologizados que responden al Socialismo Siglo XXI, quienes usurpan la propiedad privada desde hace 8 años, lapso en el cual se han consolidado ante el ninguneo del gobierno, y en medio de la impunidad absoluta proceden a la práctica abierta de actividades ilegales, como la tala indiscriminada del valioso bosque nativo del lugar, el abigeato y el cultivo de marihuana.
Hace un par de semanas, fueron vistos en el sitio usurpado a los senadores de izquierda Pedro Santacruz, Hugo Richer y Sixto Pereira, quienes de acuerdo a testimonios de los presentes prometieron apoyo en el Congreso para la “legalización” de la tierra ajena, e instaron a continuar con las invasiones bajo el argumento de que se trata de recuperar tierras malhabidas para cederlas a los pobres.
En una semana, los “campesinos” convertidos en empresarios echan al menos una hectárea de monte virgen, y venden la madera a un costo aproximado de 10 millones de guaraníes cada tronco de especie en régimen de conservación a industrias madereras de dudosa legalidad multiplicadas como hongos en el entorno de Canindeyú.
A la hora de la verdad, esta gente se presenta como pobre, y exterioriza una extensa lista de demandas, entre ellas la titulación de la tierra invadida, para lo cual cuentan con la complacencia y complicidad nada menos que de senadores de la Nación, quienes por su parte están siendo denunciados en las instancias correspondientes por hacer apología de la violencia y una cadena de omisiones que desnudan su perfil de transgresores y violadores de la ley.