Los líderes campesinos denunciaron un plan de encubrimiento del Estado a las tierras malhabidas, pero muchos de ellos enfrentan variados cargos delictivos contra la propiedad privada y el Estado de Derecho, esquivando arteramente esta situación.

En plena pandemia, y tratando de sacar el mejor provecho de la debilidad institucional de la República debido a la desastrosa gestión de gobierno, los robos de recursos públicos impunes, las improvisaciones y el futuro impredecible del país, organizaciones sociales que defienden a capa y espada la violación de la propiedad privada bajo cualquier medio con el argumento de que se trata de tierras del Estado se reunieron con el objetivo de formar una “fuerza soberana” para impulsar “luchas populares” con reivindicaciones sociales pero fuerte tufo ideológico socialista.

El hecho no causa extrañeza en sectores políticos criollos, que destacan el involucramiento directo de senadores de la nación con la causa de los “sintierras”, a sabiendas de que están violentando la Constitución Nacional, que consagra el derecho a la propiedad privada y la seguridad jurídica.

Los líderes campesinos denunciaron al Poder Judicial por no intervenir para combatir la corrupción en el gobierno y oficiar de cómplice al encubrir la recuperación de millones de hectáreas calificadas de malhabidas, por haber sido entregadas generosa, graciosa y alegremente durante la dictadura a amigos del poder.

Se trata del mismo Poder Judicial que se niega a meter presos a personas debidamente identificadas como culpables de violar la propiedad privada, entre otros delitos que incluyen abigeato, depredación a mansalva de bosques protegidos, amenazas de muerte, abuso laboral de niños y cultivo de marihuana, entre otras actividades delictivas.

Hace unos meses, los senadores socialistas Hugo Richer, Sixto Pereira y Pedro Santacruz fueron filmados en la estancia Pindó, invadida hace 8 años, profiriendo arengas de violencia de tinte ideológico y abiertamente en contra de los propietarios de tierras extensivas, a quienes generalizaron como detentadores de tierras malhabidas, sin aportar identidades y pruebas concretas, como se hubiera esperado de miembros del Poder Legislativo.

Llamativamente, poco después de esta visita comenzaron a articularse las organizaciones campesinas para reivindicar el derecho a la tierra propia a través de la tierra de terceros.

Conforman la nueva agrupación de lucha social, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), la Asociación de Productores Joaju (APJ) que usurpa actualmente las tierras de Pindó; Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), Unión Campesina Nacional (UCN), Asociación de Productores de Mandioca, Movimiento Agrario del Paraguay (Moapa) y el Movimiento de Resistencia Campesina (MRC).

Los líderes de estas agrupaciones están vinculados con la actividad política de izquierda bajo el impulso de políticos afines, que no solo hacen apología de la violencia con el apoyo a las invasiones violentas sino prometen ayuda y soporte para “legalizar” las violaciones a la propiedad privada.

Los propios participantes del encuentro social-campesino realizado hace días en Asunción afirmaron que el Estado debe indemnizar o resarcir el daño ocasionado a los dueños de tierras legítimas, pero a la hora de la verdad señalan implícitamente que las grandes extensiones son tierras malhabidas y, por tanto, sujetas de la reforma agraria.

El Poder Legislativo cuenta con la Comisión de Reforma Agraria para el abordaje de este tema, donde muchos de sus miembros ofician de juez y parte porque reivindican el uso de la violencia para violar la propiedad privada y, al mismo tiempo, supuestamente defienden el Estado Social de Derecho y las garantías consagradas por la Constitución Nacional en el marco de la democracia representativa que ostenta la república del Paraguay.

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