En una muestra de cinismo y desvergüenza, criminales que se hacen llamar «campesinos sin tierra», dieron a conocer un comunicado dirigido a la opinión pública y declaran ser víctimas de persecuciones consumadas con el objetivo de «acallar por la fuerza las reivindicaciones de tierra y pan para el sector rural empobrecido».

Despojados de todo decoro y moralidad, arremeten contra el «sistema» y tras declararse «perseguidos» en sus derechos y reclamos de justicia, afirman sin vueltas que «continuarán en la lucha» para obtener la ansiada tierra y poder dedicarse a la agricultura familiar en la lucha contra la pobreza.

Los referentes de la comunidad 1º de Marzo-Joaju señalan que las tierras de la Agroganadera Pindó S.A., que reivindican como fiscales, «benefician a intereses privados en perjuicio de los derechos del pueblo» y que los «campesinos solo reclamamos justicia defendiendo nuestro derecho y vivir y trabajar en esas tierras».

Se trata, en los hechos, de la misma estructura criminal disfrazada de «organización campesina» dedicada a la depredación masiva e irracional de bosques protegidos, comercialización ilegal de madera, abigeato, plantación de marihuana, producción y tráfico de droga, portación ilegal de armas y fabricación de bombas caseras, entre otras perlas descubiertas por la Senad en el interior de las tierras invadidas en el 2012 con el soporte de parlamentarios de la izquierda y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) dedicadas al lucro fácil, entre otros.

«Hemos presentado en tiempo y forma, ante las instancias correspondientes, toda la documentación requerida sobre la Agroganadera Pindó S.A., incluido el título de propiedad de toda la extensión de esas tierras adquiridas en 1965», afirmó la abogada Margarita Colmán en representación de la ahora ex estancia modelo.

Los invasores han convertido el lugar en un reducto fortificado hermético, lúgubre y tenebroso donde nadie puede entrar ni salir sin autorización expresa de líderes que se movilizan con armas de fuego y guardias acorazados, mientras los pobladores se dedican a cumplir órdenes, sin derecho a protestar.

Se han denunciado casos filtrados del interior de la invasión que señalan casos de homicidio y castigos severos por desobediencia o rebeldía pero, como todo ocurre en el secretismo rampante, los casos quedan en el olvido.

«El lugar se maneja como un bastión guerrillero o terrorista, ni más ni menos», afirmó hace un tiempo un agente especial de la Senad que participó del operativo que derivó en el descubrimiento de un laboratorio de droga vip que condujo al descubrimiento de cultivos de marihuana de «alta calidad» destinada a la exportación y con vía libre para el tráfico ilegítimo de sustancia prohibida.

La Senad también había descubierto a los falsos campesinos portando armas de guerra, o de grueso calibre tipo Kalashnikov, especializados también en la fabricación de bombas caseras tipo molotov, y «comités de bienvenida» a «indeseables», esto es, personas de a pie o funcionarios de cualquier institución con deseos de investigar, intervenir, observar o levantar datos que develen el verdadero «trabajo» de los «campesinos» instalados en Pindó.

En medio de este escenario, los invasores ensayan variados pretextos y evasivas para redireccionar arteramente la situación de ilegalidad en que se encuentran y las actividades criminales desarrolladas con la participación de las familias, incluidos mujeres y niños que, según los informes, son obligados a involucrarse en el «desarrollo» de ese paraíso del crimen.

El cabecilla de los invasores, Jorge Mercado, enfrenta orden de juicio oral y público luego de que la investigación fiscal lo involucrada documentadamente con los crímenes denunciados.

En el mismo ámbito, los falsos campesinos devenidos en narcoterroristas plantan cara contra la ley.

«No aceptaremos que quienes reclaman justicia sean tratados como delincuentes. Nuestra causa es la tierra, el trabajo, la justicia y la dignidad. Nuestra fuerza está en la organización y la solidaridad del pueblo», sostiene sin mínimo decoro el comunicado de los «campesinos», que tratan de pasar a otra hoja la situación gravísima que enfrentan en su condición de invasores acusados de un rosario de delitos y crímenes cometidos en la sombra de la impunidad.