Invasores se rebelan contra la ley, instalando cultura de violencia propia de organizaciones clandestinas donde impera la ley de la fuerza. El MEC y la ANDE, en el ojo de la crítica por prestarse a los intereses de los ilegales.

Familias que se hacen denominar campesinos trabajadores se declararon víctimas del «sistema de opresión» estatal y exigen al gobierno solución definitiva al desarraigo forzoso con la «legalización» de tierras que ocupan por la fuerza desde hace más de 14 años.

Se trata de invasores de la Agroganadera Pindó S.A. de Canindeyú, una inversión privada dedicada a la producción calificada de ganado y cultivos convertida en guarida de delincuentes dedicados a la depredación y comercio ilegal de madera protegida, cultivo de marihuana para producción de droga lista, abigeato, tenencia y portación ilegítima de armas de fuego de variado calibre, y prácticas criminales que involucran a las familias del lugar, entre ellos mujeres y menores de edad que «colaboran» con la estructura que opera como la guerrilla.

Los invasores manejan al dedillo la narrativa ordenada por los líderes, desconociendo los alcances de la ley y haciendo reclamos sin reparo a su condición de usurpadores de una propiedad privada y, por tanto, sujetos a denuncias, procesamiento y cárcel.

En medio de este laberinto social y jurídico, enmarañado por la posición de guerra asumida por los ocupantes y los derechos constitucionales esgrimidos por los propietarios de la estancia, el Estado paraguayo brilla por su ausencia, apenas iluminado por la justicia que mantiene en suspenso el juicio oral de Jorge Mercado Méndez, líder de la milicia invasora procedente de la cartera política-ideológica luguista, que responde a directivas del socialismo bolivariano patrocinado también en su momento por el expresidente Nicanor Duarte Frutos, devenido hoy día en rabioso demócrata.

«Tenemos arraigo de casi 15 años; somos trabajadores honestos que vivimos de nuestro esfuerzo y sacrificio con el cultivo familiar y exigimos al gobierno una solución definitiva a la situación con la legalización de nuestras parcelas para la obtención del título de propiedad y poder dormir tranquilos», vociferó una mujer ante periodistas a quienes dejaron acceder al búnker blindado conformado en Pindó.

Añadió que la invasión cuenta con 3 escuelas, 3 capillas, agua corriente, energía eléctrica de ANDE ordenada en su momento por el entonces presidente Fernando Lugo, e infraestructura suficiente para una colonia sustentable.

«También somos pequeños ganaderos», comentó presumido un invasor, pasando por alto el cúmulo de denuncias de robo de ganado y faenamiento clandestino de reses que pesa impune sobre personas innominadas procedentes de Pindó que mantienen en jaque permanente a grandes, medianos y pequeños productores del entorno.

«Decidimos apelar a un recurso de amparo para que esta gente pueda trabajar tranquila en sus chacras sin preocuparse por el sacrificio de todo un año y pueda también dormir en paz», apuntó un abogado al servicio de los invasores tras ensayar argumentos victimizantes que la misma ley que dice defender castiga con penas severas a quienes violan la propiedad privada, se manejan como un estado guerrillero y violan de acuerdo a sus intereses los marcos legales de tenencia de la tierra y actividades para la vida en sociedad.

Críticos señalan que el propio Estado paraguayo, a través del Ministerio de Educación, estimula las ilegalidades al instalar escuelas en el asentamiento «campesino», convirtiéndose en «blanqueador» implícito de la invasión.

«Miles de hogares campesinos legítimos del país deambulan en la oscuridad en ausencia de la ANDE, que sí acudió presuroso a una orden superior para dotar de energía eléctrica a estos invasores», opinó un vecino de Pindó que alegó observar el funcionamiento de electrodomésticos y equipos eléctricos de alto consumo en el lugar, y añadió salsa picante asegurando que los usuarios clandestinos no pagan por el consumo de energía que consumen, con lo cual tienen vía libre para el uso indiscriminado o derroche.

En un operativo conjunto realizado en octubre de 2025, fuerzas especiales de la Senad habían descubierto y desbaratado dentro de la invasión de Pindó un laboratorio clandestino de droga de alta calidad o premium destinado al mercado internacional, además de marihuana lista, campamentos e insumos químicos por valor de 20 millones de dólares, según el informe oficial.