Responsables de la estancia invadida hacen escuchar a los senadores la historia del otrora próspero establecimiento productivo actualmente convertido en un bastión delictivo de falsos sin tierras. Arriba se observa la imagen del sorprendente proceso de deforestación masiva.

A partir del 2013, luego de que reingresaran a la propiedad privada del establecimiento Pindó tras abandonar el predio ajeno, ocupado en el 2012, solo para tomar impulso y arremeter con furia, los invasores vienen practicando un esquema de destrucción masiva del lugar, que incluye la quema intencional de bienes materiales, la expulsión intimidante del personal y la generación de riqueza ilegal, especialmente la depredación irracional del valioso bosque atlántico de especies nativas calificado de patrimonio universal, que hasta el momento les ha redituado ganancias espurias por valor de G. 210.000 millones, si se tiene en cuenta que cada hectárea de madera tiene un valor promedio de G. 70 millones, afirmaron los dueños de la estancia ante miembros de la Comisión de Reforma Agraria del Congreso nacional, entre ellos los senadores Pedro Santacruz y Sixto Pereira, denunciados de instigadores, encubridores y facilitadores de la violencia practicada abierta e impunemente en el lugar.

Los directores de Pindó expusieron en reunión virtual la situación declarada a partir del 2012, año en que se produjo una invasión pacífica, que se convirtió en violenta luego de una segunda arremetida con respaldo político ideológico.

A partir de entonces, durante todos estos años, los violentos han practicado un esquema de destrucción masiva de bienes de los propietarios de la tierra, procediendo a la quema de retiros, maquinaria, elementos de trabajo, robo de ganado (abigeato) e incluso el envenenamiento de la laguna que servía de abrevadero a los animales e incluso aves de la rica fauna de la zona que hoy día prácticamente han desaparecido.

De acuerdo al relato de la familia Bendlin, la única finalidad de los supuestos campesinos sin tierra, hoy convertidos en prósperos generadores de riqueza ilegal, consistió en la tala, tráfico y venta de las maderas de alto valor de la reserva boscosa de 2.876 hectáreas, que actualmente presenta una deforestación lacerante ante la inacción del Mades e Infona, que no han movido un dedo para intentar siquiera frenar el esquema de destrucción masiva del lugar, convirtiéndose de esta manera en cómplices solidarios de los depredadores.

La abogada de Pindó, Dra. Margarita Colmán, se encargó de presentar detalles con exposición gráfica acerca de la historia delictiva en Pindó, ante la atención de Santacruz y Pereira, quienes oficiaron de juez y parte, mientras otros senadores hicieron preguntas vinculantes que serán analizadas por la Comisión, como parte del trabajo que decidió realizar  esta dependencia del Senado para tratar de develar el entramado jurídico del caso y llegar eventualmente a una solución a través de un consenso sugerido por los propios dueños del establecimiento perjudicado.

El informe exteriorizado vía zoom hace hincapié en el ecocidio practicado en Pindó, y en ese sentido expresa que toda la infraestructura del asentamiento fue financiada con una ínfima parte de los ingresos espurios obtenidos por la extracción inmisericorde de la madera.

“Puede apreciarse que las viviendas de los invasores tienen las mismas características de precariedad, que no condicen con los montos de dinero obtenidos con el constante y próspero negocio ilegal de la madera, pero sí se han ocupado de dotar al asentamiento de una red de caminos dispuestos para el traslado rápido y sin interrupciones del preciado recurso”, señala el documento, puesto a disposición de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Senadores.

Especifica que existen dos caminos principales en paralelo que cruzan las tierras de la estancia de punta a punta.

Los ilegales también cuentan con instalación eléctrica proveída por la misma ANDE, que suministra la energía necesaria para el funcionamiento de las maquinarias utilizadas en los aserraderos instalados en el interior de la invasión, que anteriormente lucía un verde exuberante y hoy día presenta una imagen patética de deforestación ante la inacción del Estado, que durante todo este tiempo se ha mostrado ciego, sordo y mudo para intervenir en el lugar, devolver la tierra a sus legítimos propietarios e imputar a todos los responsables de los múltiples delitos, e incluso crímenes de lesa humanidad, cometidos abierta e impunemente en la propiedad privada usurpada.

Compartir:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *