Jorge Mercado Méndez, cabecilla despiadado de marginales organizados que desde el 2012 se mantienen parapetados en una propiedad privada de Canindeyú, puede ser sentenciado a la pena máxima de 10 años de cárcel si es hallado por la Justicia culpable del crimen de «invasión de inmueble ajeno».

Así opinan este lunes abogados que siguen de cerca el desarrollo del caso de la Agroganadera Pindó S.A., que llama la atención por sus características especialmente violentas y las actividades criminales que jalonan la historia del «territorio social» convertido en un búnker inaccesible que se maneja como un fortín de guerrilleros, con armas de guerra y bombas caseras como elementos de intimidación a extraños, entre ellos la misma Policía Nacional que no se anima a acceder al lugar.

Mercado Méndez deberá enfrentar juicio oral y público luego de que fuera imputado como caudillo de personas autocalificadas como «campesinos sin tierra» acusadas de invadir la propiedad privada en cuestión bajo el argumento de que se trata de familias en situación de vulnerabilidad que reclaman tierra propia para dedicarse a la agricultura familiar en la lucha contra la pobreza.

La narrativa coincidía, hace 12 años, con la retórica de organizaciones alineadas a la ideología de izquierda del entonces presidente de la República, Fernando Lugo, devenido en activista y promotor del Socialismo Siglo XXI que endiosaba la figura de Hugo Chávez como el «libertador de los pueblos oprimidos».

Fuentes de la investigación consultadas por La Mira sostienen que documentos y evidencias comprometen la participación directa de Mercado Méndez en la invasión de inmueble ajeno, por lo cual deberá enfrentar el juicio oral y público.

La invasión de propiedad privada era tipificada como delito con penas de hasta 5 años de cárcel hasta el 2021, cuando el presidente Mario Abdo Benítez lo promulgó contra viento y marea, incluidos críticas e insultos multiplicados provenientes de ONGs vinculados a movimientos y tumultos sociales, campesinos, indígenas y detractores históricos del Estado de Derecho.

La Ley Nº 6830/21 modificó el artículo 142 del Código Penal con el objetivo esencial de endurecer los castigos contra la violación de la propiedad privada que, por entonces, amenazaba con convertir el campo paraguayo en tierra de nadie, apeligrando la seguridad jurídica de la nación, la producción, la libre iniciativa y la economía, entre tantos otros perjuicios.

La Ley en cuestión señala en su artículo 1: «El que, individualmente o en concierto con otras personas, ingresara con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 6 años; el artículo 2 establece: «Cuando la invasión, en el sentido del numeral anterior, se realizara con el objeto de instalarse en él u ocasionando daño patrimonial a los bienes existentes en el inmueble ajeno, la pena privativa de libertad será de hasta 10 años».