Ciega, sorda y muda, la justicia discrimina a la hora de dictar sentencias, coinciden en expresar ciudadanos indignados con la rápida y contundente condena a un ladrón de pomelos, mientras casos sonoros de lavado de dinero y otros crímenes permanecen impunes.
La particular y siempre desconfiada fórmula utilizada por la justicia paraguaya para castigar los delitos se manifestó con sonoridad tras la condena y posterior encarcelamiento del ciudadano Armando Kemal, acusado de robar pomelos y otros delitos considerados menores por la defensa, mientras un expolicía que arrastraba 11 antecedentes (ahora suman 12) se manejaba libre para seguir haciendo sus golpes contra personas y empresas que trabajan para ganarse el sustento.
Se trata del exsuboficial Juan Alfredo Ayala, a quien sus propios excamaradas lo califican como hombre violento y de perfil criminal, quien fue atrapado días pasados con evidencias de participar, junto con otros hombres que conformarían su gavilla, en el asalto a un local de venta de pollos de Capiatá.
A más de los 11 antecedentes, Ayala contaba con varias órdenes de captura, la mayoría de ellas por robos, asaltos agravados y otros delitos “no bagatelarios”.
El juez Cristóbal Sánchez, uno de los tres integrantes del Tribunal de Apelaciones que remató la sentencia contra el “ladrón de pomelos”, reconoció que no se prestaría jamás a castigar delitos bagatelarios, en referencia a un rosario de intentos supuestamente dolosos arrastrados por el nuevo reo de Tacumbú, entre ellos el robo de “objetos de valor” denunciado por el denunciante del barrio Trinidad de Asunción, cuyos detalles no trascendieron.
El juez penal de Garantías, Yoan Paul López, decretó la prisión preventiva de Kemal por tentativa de hurto y violación de la cuarentena.
“La tentativa de hurto está suficientemente demostrada con tres pomelos que reposaban en el fondo de la mochila deshilachada del peligroso criminal, y con respecto a la violación de la cuarentena, unos 1.200 procesos por la misma causa están congelados en el Ministerio Público, que no se ha animado a imputar a personas sorprendidas en flagrancia, entre ellos el diputado Edgar Ortiz, quien incluso se mofó públicamente del equipo de intervención que le pilló violando la ley de emergencia”, posteó este miércoles en la red social el ciudadano Angel María Velázquez.
En términos similares se manifestaron millares de indignados, quienes no encuentran explicación a la actuación fulminante y contundente del Ministerio Público y la Justicia contra el “ladrón de pomelos”, mientras los escandalosos casos de robos a los fondos del covid, divulgados con acumulación de pruebas y evidencias, y puestas a consideración de los agentes fiscales y el gobierno, se mantienen impunes, al punto que dos meses después de salir a la luz pública los primeros casos de negociado feroz no se ha procedido a ninguna imputación.