Los dos ex ministros del MAG desperdiciaron la oportunidad de sacar de la pobreza a millares de familias rurales a través de la formación y capacitación, revela un informe de la Contraloría General de la República.
Una serie de irregularidades detectó la Contraloría General de la República (CGR) en la gestión administrativa y manejo de recursos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) durante la gestión de los ex ministros Denis Lichi y Rodolfo Friedmann, específicamente en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (Proders), con financiamiento del Banco Mundial, y destinado a la capacitación de familias vulnerables del país en la lucha contra la pobreza.
Una de las anomalías consiste en el derroche de 150 tabletas de última generación marca Samsung, que debían ser utilizadas en la formación y capacitación digital de las familias beneficiarias del programa.
“Las tabletas no fueron utilizadas en la mencionada estrategia”, señala el informe final de la CGR, y menciona que del lote de 150 aparatos tecnológicos donados por la Secretaría Técnica de Planificación (STP), 110 de ellos aparecen como robados, 30 fueron encontrados en pésimo estado de conservación en un depósito del MAG, y los 10 restantes estaban en poder de técnicos del programa, también en lamentables condiciones de uso y mantenimiento.
Las tabletas debían ser utilizadas, según los lineamentos del programa, para la asistencia frecuente a las familias empobrecidas con deseos de salir del estándar de pobreza, a través de 14 módulos de capacitación en idioma guaraní, con los cuales también se pretendía -en los papeles- el “empoderamiento productivo agropecuario”.
En su descargo, el ex ministro Lichi (premiado por el presidente Marito con el más alto cargo ejecutivo en la petrolera estatal Petropar), señaló que había dificultades para la implementación del programa, como ser la falta de presupuesto, conectividad baja o inexistente, “recalentamiento” de las tabletas, entre otros argumentos, y a más de ello en todos los requerimientos de descargo remitió a los fiscalizadores de la CGR documentación inadecuada o presentada anteriormente en instancias de verificación, sin valor documental.
Técnicamente, la CGR alude en varios pasajes de su informe que tanto Lichi como Friedmann le dieron poca o nada de importancia a los requerimientos documentales de la CGR, en una actitud repetida de autoridades de gobierno involucradas en desprolijidades administrativas y corrupción.
“Los descargos presentados no satisfacen, considerando que solo se remitieron documentos de seguimiento, que no contribuyen al esclarecimiento de los hechos (irregularidades) observados”, expresa el informe, tras insistir en que el MAG/Proders ha incurrido en un manejo irregular de la administración de los equipos informáticos recibidos en donación, y destinados a familias empobrecidas del sector rural campesino.