En el ojo de la polémica. Mantener la pesada estructura de la FTC le cuesta al país una suma multimillonaria, pero a la hora de la verdad no hay resultados contra el EPP sino promesas incumplidas a rajatabla.
Directivos y asociados de la Asociación Rural del Paraguay hicieron causa común con la posición institucional de rechazo unánime a los sendos ataques criminales protagonizados este fin de semana por el Ejército del Pueblo Paraguayo en el norte del país, instalando una nube de críticas contra el retorno de la inseguridad y reclamando la acción enérgica del Gobierno para encontrar a los culpables y poner fin de una vez por todos a este “cáncer” llamado EPP, según expresiones del presidente de la ARP, Dr. Luis Villasanti.
Los atentados se registraron el pasado viernes en la estancia Yuquerí, en la jurisdicción de la localidad norteña de Yby Yaú, con la destrucción de cuatro maquinarias de trabajo y el incendio de una vivienda y un vehículo, y apenas un día después se repitió el golpe con el mismo resultado en el establecimiento Yaguary, ambos en el departamento de Amambay.
Los investigadores no tienen mayores detalles de lo ocurrido, tal como viene ocurriendo invariablemente desde hace más de una década, convirtiendo el caso en un misterio sin resolver, mientras sumas siderales en bienes materiales y montos aun mayores en proyectos interrumpidos por culpa de la inseguridad quedan como secuela de esta “lucha” con un solo protagonista.
Diversas entidades gremiales vinculadas con la producción se manifestaron este lunes, coincidiendo en sus expresiones de rechazo a la nueva aventura de terror lleva a cabo por la agrupación adiestrada supuestamente por las FARC de Colombia, con detalles desconocidos a pesar de los años de su presencia en el país.
Ahora la presión se ejerce, nuevamente, sobre las polémicas Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), creadas en el 2013 especialmente para enfrentar al EPP y, de paso, intervenir en actividades ilícitas mayores en el norte, pero que nunca se han justificado a pesar del presupuesto de 15 millones de dólares anuales que les pagan los ciudadanos, entre ellos los productores que, cada tanto, son atacados sin piedad e impunemente.