Pindó: Rechazan amparo de invasores tras sentencia que devela infamia y degradación

Published On: noviembre 18, 2026Tags: , , , , , , , ,

Un invasor ensaya trabajos en tierra ajena ocupada por la fuerza. Se trata de una fotopropaganda de la comisión vecinal ilegal de Pindó, que no alude para nada a las actividades criminales que realizan impunes en el lugar, y que están contenidas en la carpeta de denuncia fiscal.

El Juzgado Penal de Garantías Nº 1 de la ciudad de Katueté, circunscripción judicial de Canindeyú, resolvió rechazar en toda su extensión y términos el amparo presentado por invasores de la estancia Pindó S.A. por considerar que no se ha cumplido ninguno de los hechos enunciados como abusos de derechos.

De esta forma, la justicia le dio un portazo a las pretensiones declaradamente dilatorias, arteras y agresivas de los supuestos “campesinos sin tierra” devenidos en productores de droga, abigeato, depredadores de montes protegidos, traficantes de madera preciosa, tenedores y portadores impunes de armas de guerra y bombas caseras, entre otras perlas, documentados en copiosos documentos adjuntados a la carpeta fiscal.

En sus considerandos, la jueza Alcira de Souza Lima afirma que el amparo promovido por Enrique Aguilera y Verónica García de Matto, presidente y secretaria, respectivamente, de la Comisión Vecinal Joaju conformada en tierras ajenas, no cumple los hechos o evidencias que deben registrarse para que el amparo sea visible y procedente.

La justicia determinó que no hubo un ataque claro y manifiestamente ilegítimo a una garantía o derecho constitucional, y tampoco está mínimamente probado que hubo un perjuicio grave o irreparable para los invasores, que confían en la justicia cuando quieren que les favorezca o beneficie, pero se olvidan de terceros a la hora de violentar derechos, garantías y libertades, como es el caso de la Agroganadera Pindó S.A.

Falta de otro remedio legal conducente, expresa la jueza Penal de Garantías haciendo alusión a la doctrina y jurisprudencia del profesor Enrique Sosa en su libro “El amparo judicial”.

“No se han reunido los requisitos…”, sentenció la justicia, tras señalar que los accionantes no señalaron concretamente cuáles eran las garantías fundamentales que supuestamente fueron vulneradas. Los accionantes no mencionaron que defendían “derechos como usurpadores violentos de propiedad privada”.

Tampoco se acreditó el “daño grave e irreparable” enunciado por los invasores, tras lo cual el juez expresa que, irónicamente, “admiten de modo implícito que existen vías legales determinadas para la salvaguarda de sus derechos”, quedando en evidencia que ellos mismos desmeritan la seguridad y protección de esas vías, lo cual constituye una apreciación errónea que suma puntos en contra del amparo.

En el caso enfrenta pedido de juicio oral el cabecilla de la banda de invasores, Jorge Mercado Méndez.

Los invasores se presentan en sociedad como comisión vecinal conformada por humildes campesinos que solo quieren un pedazo de tierra para sobrevivir con la agricultura familiar cuando, en realidad, se trata de una estudiada estructura sustentada en actividades ilegales y plata fácil.

La primera actividad de los violentos fue el cultivo de marihuana para sustentar un artero proyecto de narcoproducción y narcotráfico, a la sombra de otras actividades criminales paralelas como el desmonte brutal de especies nativas amparadas por organismos internacionales de protección ambiental, abigeato, tráfico de madera prohibida y la invasión invisibilizada de propiedades privadas aledañas a Pindó, entre los hechos más violentos contenidos en la carpeta fiscal.

La usurpación de Pindó se consumó en el 2012, poco antes de que el entonces presidente Fernando Lugo fuera destituido del cargo, aunque tuvo tiempo para bendecir como exobispo la brutal invasión y ordenar servicios inmediatos a sus camaradas de izquierda, entre ellas la instalación de energía eléctrica de la ANDE.

Servidores luguistas que calentaban sillas como senadores, entre ellos Hugo Richer, Sixto Pereira y Pedro Santacruz, de conocida militancia de izquierda, oficiaron de protectores de los invasores, exhortándoles como buenos padrinos a seguir ocupando propiedades ajenas, seguros de que “nadie les va a tocar”.

En octubre de 2025, la Senad intervino la estancia invadida acompañada de policías federales del Brasil y descubrieron una estructura sólida ligada al narcotráfico en gran escala luego de ser atacados por encapuchados armados con fusiles de guerra y puñales, tratando de impedir el operativo.

En la ocasión, los agentes se incautaron y arruinaron 6 campamentos narcos, 1 laboratorio de marihuana vip, 32 hectáreas adicionales de cultivos de cannabis adictivo y más de 4.000 kilos de macoña lista para la venta y consumo, totalizando un aproximado de más de 100.000 kilos de droga.

 

 

 

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