«El respaldo político brutal hace posible la existencia del asentamiento, donde se practica impunemente todo tipo de atropellos y abusos en medio de la absoluta impunidad», denunció la Dra. Margarita Colmán.
La fuerza pública está parada, abrumadoramente quieta en la estancia Pindó, donde los dueños legítimos miran de lejos cómo su dominio es arrasado sin descanso, mientras son arrinconados en un pequeño predio porque los invasores se han apoderado de la mayor parte de la propiedad del distrito de Yvyrarobaná, en el fronterizo departamento de Canindeyú, al Este de Paraguay.
“Ellos tienen vía libre para hacer lo que quieren: atropellar, disparar, echar sin piedad los árboles que están a su paso, plantar marihuana, y seguir extendiendo su dominio envalentonados por el uso de la fuerza y un formidable soporte político que desde un primer momento actuó de cómplice en este rosario de delitos cometidos en el lugar”, denunció la abogada de Pindó, Margarita Colmán.
Apuntó directamente contra los actuales senadores Fernando Lugo, Sixto Pereira y Hugo Richer como instigadores, cómplices y encubridores de los violentos.
“Fueron vistos en el lugar haciendo arenga a los invasores”, señaló Colmán, tras comprometer también al intendente municipal de Yvyrarobaná, Luis Mereles.
“Mereles entra como si nada en nuestra propiedad invadida a dialogar con los usurpadores. Muestra una actitud cómplice, como si se tratara de un miembro más del grupo. Jamás intentó siquiera ayudarnos a recuperar la estancia, y conste que estamos prácticamente al día en el pago de impuestos, sin recibir ningún tipo de servicio”, reclamó.
Calificó como “jolgorio total” la rutina de vida en Pindó.
“Ante el abandono absoluto del Estado, ahí producen marihuana, con una dinámica incesante del narcotráfico y el tráfico de rollos a toda hora del día. Ahí entran diariamente millones de guaraníes en recursos, que no sabemos dónde invierten o a quienes les mantienen, porque no pagan ni siquiera por la energía que consumen, y ni pensar que la ANDE o alguna institución pública van a reclamarles”, indicó.
En medio de este mar de irregularidades, extendido impunemente dentro de la actual “asociación de productores” (nombre con el cual buscan blanquear el dominio usurpado y salir a la consideración pública sin cargo de culpa), hacen parte de ausente la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Social (Mades), el Instituto Forestal Nacional (Infona) y las organizaciones no gubernamentales que, en los papeles, alegan la defensa irrestricta del medio ambiente.
“Las 4.000 hectáreas de exuberante bosque nativo con que contaba el establecimiento como reserva ecológica desaparecerán en poco tiempo. Añosas y valiosísimas especies de árboles en situación de protección son depredadas diariamente, alimentando sin cesar a mercaderes ambientales. Hemos golpeado especialmente las puertas del Mades y del Infona, pero todos los intentos quedaron en el opareí, bajo los pretextos más ruines”, declaró la denunciante.