Indignados sociales se hacen sentir frente a la fiscalía de Horqueta, donde se concentraron para repudiar la inacción del fiscal del lugar para imputar al intendente de Arroyito, acusado de millonario desvío de fondos públicos con obras fantasmas.
HORQUETA (Por Freddy Rojas Martínez).
Alegando representar a los habitantes del municipio de Arroyito, departamento de Concepción, unas 25 personas se movilizaron en la mañana de este miércoles frente a la fiscalía de esta ciudad con el objetivo de cuestionar la sospechosa inacción del fiscal José Luis Torres para imputar al intendente municipal de ese distrito, Samuel González (ANR), quien está denunciado por el presunto desvío de fondos comunales con obras que no realizó.
La movilización se llevó a cabo en la esquina de las calles Gral. Bernardino Caballero y Capitán Giménez, donde se encuentra el local del Ministerio Público.
Uno de los dirigentes de la organización denominada «Unidos por Arroyito», Prof. Marciano Jara, afirmó la ciudadanía está indignada por la corrupción y la impunidad imperantes en el país, debido a la inoperancia del Ministerio Público.
Recordó que en noviembre del año pasado denunciaron a González ante la Contraloría General de la República por el supuesto desvío de más de 500 millones de guaraníes a través de obras «fantasmas».
Jara expresó que por realizar las movilizaciones son perseguidos por las autoridades judiciales, quienes con notificaciones desean amedrentarlos para suspender la lucha realizada en defensa de los intereses ciudadanos, movilizándose con los cuidados sanitarios obligatorios de salud pública.
Sostuvo que seguirán en la lucha hasta que el fiscal Torres impute al intendente, y explicó que por cuestiones políticas el fiscal no escucha al pueblo de Arroyito y mantiene impune al cuestionado titular municipal, sometiéndose de esta manera a los intereses de los dirigentes políticos oficialistas.
El docente, en posición de indignado social, manifestó que también reclaman la intervención de la municipalidad de Arroyito, debido a las evidencias acumuladas sobre la mala gestión municipal en el manejo de los bienes y recursos públicos.
El Prof. Milner Cristaldo expresó que algunos integrantes del grupo «Unidos por Arroyito» fueron convocados por la fiscalía por haber realizado una caravana vehicular de protesta contra la corrupción, el 22 de junio pasado. Señaló que las autoridades judiciales buscan criminalizar las luchas ciudadanas a través de notificaciones enviadas a los que participaron de la caravana.
“La justicia favorece a los corruptos y procesa a inocentes, entre estos a ladrones de pomelo, gallinas y mandioca, pero le tiembla la mano a la hora de poner en apuros o meter presos a ladrones de guantes blancos con traje y corbata que roban a mansalva”, disparó.
Cristaldo agregó que la ciudadanía cuenta con documentos contundentes que constituyen pruebas irrefutables de la denuncia que presentaron contra el intendente González en la CGR por malversación de fondos de royaltíes y del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
En ese sentido, manifestó que afirmados por esos documentos continuarán en la lucha hasta que las autoridades pertinentes decidan la intervención de la municipalidad de Arroyito.
Por su parte, el fiscal José Luis Torres aclaró que él convocó a las personas para indagarlas sobre la violación del protocolo de la cuarentena que supuestamente realizaron al participar de la caravana de protesta, según denunciaron los agentes policiales de la comisaría XIII de Arroyito.
Sin embargo, manifestó que también fueron llamadas otras personas que no participaron de la movilización, pero tampoco cumplieron con las reglas del protocolo de la cuarentena para buscar una salida al problema.
El representante del Ministerio Público afirmó que él no podrá imputar al intendente municipal Samuel González debido a que, a través de una resolución, la fiscala adjunta de Delitos Económicos, María Soledad Machuca, le designó como coadyuvante del agente fiscal, Osmar Legal.
Agregó que la resolución se aprobó en base al informe final de la Contraloría General, y que fue enviado a la fiscala general, Sandra Quiñónez, quien dispuso que la causa sea investigada en adelante por el fiscal Osmar Legal.
Explicó que desde marzo pasado él ya no tiene intervención directa en el proceso del caso del intendente, porque ya no es el titular, y refirió que los pobladores de Arroyito deben realizar sus reclamos en Asunción, si quieren obtener la respuesta que reclaman.