La jueza Esquivel ridiculiza al Poder Judicial y a la misma diosa Astrea al liberar sin pérdida de tiempo a un delincuente serial, ninguneando los derechos de las víctimas y exponiendo a uno de ellos a una denuncia penal por «justiciero».

Antes de que el gallo cante tres veces una jueza ordenó la inmediata libertad de un joven acusado de robo agravado que fue atrapado por el propio victimario y llevado a rastras hasta la sede fiscal zonal de San Antonio, ciudad costera del río Paraguay a 25 kilómetros de Asunción donde quedó preso, a disposición de la justicia.

La tranquilidad de la detención del sospechoso, que arrastraba orden de detención por otro caso de robo agravado, apenas duró lo que tarda en secarse una pintura porque el detenido obtuvo su libertad y de esa manera el delito con agravante documentado por vecinos es como si no hubiera ocurrido nunca y fue solo invento de los perjudicados.

El presunto sabandija premiado por la justicia paraguaya fue identificado como Derlis Ramón Gómez, alias Derli’i, quien según la Policía tiene un rosario de denuncias por variados delitos, a pesar de lo cual gozaba en libertad y disponía a placer de su tiempo para empoderarse en el oficio delincuencial.

El último golpe, hasta el pasado jueves, fue el robo de G. 2 millones en perjuicio de un joven de San Antonio que se tomó la molestia de hacer justicia por mano propia, según admitió, ante el ninguneo de la Policía y la inacción de la justicia, más preocupada por la integridad del delincuente que de la suerte del asaltado.

La fiscal interviniente, Laura Ávalos, solicitó la detención provisoria del denunciado luego de que la presunta víctima presentara evidencias documentadas por video y desafiara a los defensores de la sociedad a tomar intervención “porque la Policía no existe”, según dijo ante atónitos funcionarios y selecta presencia de mirones.

Cuando apenas transcurría un día y monedas del singular hecho que fue viral en las redes sociales la prensa da amplio destaque a un sorprendente oficio del juzgado penal de garantías III de Lambaré que ordena la “inmediata libertad” del delincuente preso y su traslado a un hospital para que los doctores revisen si tiene algún chichón o el mínimo rastro de picazón de algún mosquito para precautelar la seguridad personal del joven de 20 años que fue pillado robando y garantizar sus derechos consagrados en la Constitución Nacional.

De inmediato, la jueza Ana María Esquivel recibió andanadas de críticas de variado calibre con indignados que incluso piden su procesamiento y separación del cargo por demostrar celo religioso hacia la “dignidad” del delincuente y ninguneo despiadado con el ciudadano “común” que, evidentemente, no es hijo de político, legislador o narco, en cuyo caso bien distinto sería el procedimiento y la carátula del caso tendría rótulo sombrío y siniestro.

De acuerdo a los datos, el ciudadano que hizo el papel de policía para entregar a la justicia al joven caído en fraganti fue denunciado por los delitos de “secuestro y tortura”, entre otros cargos, por la madre del sabandija antisocial cargado de antecedentes e impunidad, quien prefirió invertir en costoso abogado defensor antes que procurar de urgencia un profesional psicólogo que ayude a mejorar la conducta equivocada y peligrosa de su hijo.

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