¿A quién persiguen los soldados de élite de la seguridad pública? es la pregunta que se hace la ciudadanía ante la nula respuesta al embate del EPP, que se ha erigido en el dueño del poder en el norte mientras la clase política se desentiende del infortunio de la gente y mira distraída para otro lado. (Foto publicada por el Diario La Nación).
El insospechado secuestro del joven trabajador menonita Peter Reimer el pasado lunes en una estancia de San Pedro expone en toda su dimensión el perfil de ineficiencia de la fuerza pública en esa zona del país azotada por el terror del ilegal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que hace dos décadas viene demostrando impunemente quién es el dueño de la seguridad, haciendo arrodillar a sucesivos gobiernos y manteniendo un estatu quo extendidamente repulsivo en todos los ámbitos del país.
Mientras esto sucede, el círculo de poder político se mantiene callado y se cuida de emitir sentencias que, de alguna manera, puedan molestar a la banda armada que, por lo tanto, actúa a placer en un radio no mayor de 100 kilómetros a la redonda, insólitamente vedado a la intervención de los policías y soldados de élite de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que en todo este tiempo no han sido capaces de peinar la zona y tratar de hacer su trabajo por lo cual perciben millones de dólares pagados por todos los habitantes del Paraguay.
Críticos de este tipo de violencia subversiva coinciden en llamar la atención acerca de las víctimas selectivas de los terroristas, especialmente menonitas que, como se sabe, se caracterizan por el apego al trabajo, a la honestidad y las buenas prácticas de vida, sin ocasionar molestias a nadie y demostrando cátedra de dignidad.
Si anteriormente hacían su presentación en sociedad en contadas ocasiones, con el actual gobierno han recrudecido sus acciones, posiblemente ante la ineficiencia instalada de los organismos de seguridad y la nula voluntad política del gobierno de anular este esquema de perversión terrorista.
En medio de este escenario aparece la figura desgastada del presidente de la República, que aparece con destaque en la zona de conflicto pero que, al igual que en situaciones similares, nada aporta para el rescate y mucho menos para dar seguridad a la región.
El Poder Legislativo hace su parte para plegarse a la pléyade de inoperancia estatal, con senadores alineados como velas a la retórica de violencia calcada del socialismo bolivariano, y los demás mirando desde lejos cómo los violentos se apoderan de la paz de la República.