“Estamos en libertad condicional en este país donde los grupos mafiosos tienen secuestrada a la Policía y condicionada a la gente”, afirmó la senadora nacional al diario La Mira, critican la inoperancia del gobierno y el abandono total del poder como controlador del Estado.
La senadora Esperanza Martínez disparó munición de grueso calibre contra la ausencia del Estado en el momento de cumplir su rol de defensor de los derechos de los ciudadanos, más aún en estos momentos de fragor emocional debido a la falta de seguridad por la arremetida abierta e impune de la delincuencia y la criminalidad.
“La policía y la sociedad paraguaya están secuestradas, aprisionadas y condicionadas por grupos económicos mafiosos que protegen a sus cómplices mafiosos”, afirmó la legisladora de Frente Guasu tras lamentar los sucesos ocurridos el pasado domingo en San Bernardino que acabaron con la muerte de dos personas y otras tres resultaron heridas durante un evento musical en el anfiteatro José A. Flores con la presencia de unas 12.000 personas, entre ellas muchos menores e incluso niños, según el parte policial.
“Los problemas comienzan por la designación de las personas tanto en el ámbito político como judicial y policial, que también son producto de esos mismos grupos económicos corruptos, y los resultados están a la vista, con una sociedad asustada por la inseguridad reinante e impotente por la falta de respuesta de las autoridades en quienes deberían confiar”, alegó.
Tras destacar la dolorosa ausencia del Estado a la hora de defender los derechos ciudadanos, denunció el arbitrio en la gobernanza y la pelea por los espacios políticos, “con una violenta pelea por el poder y los zoquetes”, sin realizar alusión explícita.
La gente está desarmada y el único remedio ante este estado de cosas es recurrir a las instituciones, pero se encuentra con las puertas cerradas y sus autoridades ausentes, encandiladas por otros intereses, puntualizó.
“Todos estamos con libertad condicionada en este país”, agregó al ser abordada por La Mira, poniendo en tela de juicio la inoperancia de la seguridad pública y el abandono total del poder como controlador del Estado, inficionado por la corrupción.
“La policía, fiscales, jueces, los órganos ejecutivos y los responsables de hacer justicia son directamente responsables de este Estado fallido que en la práctica no funciona y que, por tanto, es responsable de la situación de anarquía social por culpa de la inseguridad que padece el país”, recalcó.