Jorge Mercado Méndez será sentado finalmente en el banquillo de acusado en una causa penal tapizada de incidentes. La justicia reclamada por propietarios de la Estancia Pindó S.A. por fin se asoma para marcar un hito histórico en el tema de invasiones.

Uno de los juicios más extensos, chicaneados y expectantes de la historia criminal paraguaya acaba de entrar a su punto de culminación luego de que el Juzgado Penal de Garantías de Curuguaty rechazara los cuestionamientos de la defensa y resolviera que Jorge Mercado Méndez, dirigente supuestamente campesino -que en realidad se trataría de un terrorista- del asentamiento Joaju–Primero de Marzo, conformado en tierras invadidas de la Estancia Pindó, afronte juicio oral y público por los cargos de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y presunta infracción a la Ley de Armas.

Se trata de un paso decisivo en la demanda de justicia que vienen reclamando desde hace 14 años, nada menos, los propietarios de Pindó S.A., una estancia modelo de 4.990 hectáreas que, antes de la ocupación violenta al estilo guerrilla, desempeñaba un papel preponderante en el desarrollo de ganado para exportación, pasturas, e incluso producción de peces, con fuentes de trabajo seguro para pobladores de la zona, entre otras inversiones.

Protegido por un esquema criminal sangriento señalado de casos de presunto homicidio, heridos con arma de fuego y arma blanca, y abusos de variado calibre siempre impunes, Mercado Méndez ha permanecido fuera del alcance de la Ley durante varios años, manejando desde la sombra el negocio de la invasión, mientras cómplices disfrazados de autoridades hacían su parte para lograr la impunidad.

Como corolario del extendido conflicto, finalmente la causa penal relacionada con la invasión de propiedades de Agroganadera Pindó S.A. registra un avance decisivo que puede acabar con la sentencia de 10 años de prisión para el culpable de la invasión, quien podría sumar penas por otros cargos criminales vinculados a la causa.

La determinación fue adoptada el pasado miércoles 14 de octubre de 2026 por el juez penal de Garantías, Marcos Giménez Rivas, quien, mediante el Auto Interlocutorio Nº 720, dispuso la apertura de la causa a juicio, luego de analizar las acusaciones presentadas por el Ministerio Público y la representación jurídica de la empresa afectada.

“La resolución constituye un importante acontecimiento procesal en uno de los conflictos por ocupación de tierras de mayor duración y violencia, con saldo sangriento y perjuicios multiplicados en el departamento de Canindeyú”, afirmó Eva Margarita Colmán, abogada de Agroganadera Pindó S.A.