Una madre de familia ondea la bandera paraguaya frente al sojal donde se realizan las fumigaciones rechazadas por los vecinos. Once personas están imputadas en una causa tachada de irregularidades. «Pedimos justicia», señalaron al diario La Mira.
Pobladores de la localidad de Norte Poty, jurisdicción de Gral. Aquino, Departamento de San Pedro, refutaron la sentencia del juez de San Estanislao, Luis Ovando, que ha dado lugar a la denuncia de un productor de la zona, identificado como Domingo Peralta, para poner contra las cuerdas la libertad de 11 personas a quienes se acusa de coacción y coacción grave que, según los afectados, se trata de una persecución de rico contra pobres con el objetivo de seguir fumigando una plantación de soja en el lugar, poniendo en peligro a la mayoría de las 261 familias del entorno, entre ellas unos 700 niños.
Los denunciados alegan que el juez Ovando habrá tenido motivos ajenos a la ley y la razón jurídica para fallar en contra de los humildes pobladores y salir a favor del “vecino rico”, el mismo que sí comete a diario coacciones de variado tenor para mantener a raya a quienes se opongan a sus fumigaciones, respaldado por su solvencia económica, señalaron.
La denuncia está caratulada “Lucio Riveros y otros sobre coacción y coacción grave en Gral. Elizardo Aquino”, fechado el 1 de diciembre de 2021.
De acuerdo a datos obtenidos por La Mira, el denunciante desarrolla labores agrícolas y otras actividades en unas 80 hectáreas, distribuidas en diversos lotes de Norte Poty, y no se registran antecedentes enojosos con el vecindario sino después de varias fumigaciones con agrotóxicos en un sector rodeado de población donde cultiva soja.
“Nunca le hemos creado problemas con otros rubros a los que se dedica este señor, pero cuando se trata de la seguridad y la vida de nuestros propios hijos no podemos permanecer callados y de brazos cruzados, como pretende el denunciante”, afirmó Saturnino Romero, presidente de la comisión vecinal de Norte Poty.
Añadió que existen sobradas razones para oponerse a las fumigaciones.
“Cuántas muertes y personas con graves secuelas de salud ya ha producido en nuestro país el envenenamiento causado por agroquímicos utilizados en los sojales”, observó el afectado, quien soporta imputación y medidas restrictivas junto con otra decena de vecinos que integran la comisión.
Naciones Unidas ha condenado el uso descontrolado de veneno en las plantaciones de soja y señala que, además de los daños personales, la utilización de agroquímicos ha causado la contaminación del agua, del suelo y de cultivos, así como un gran impacto en las condiciones de vida de las comunidades afectadas.
El daño de las personas expuestas a estos agroquímicos deja al descubierto la peligrosa posibilidad de que la población circundante, como ocurre en Norte Poty, padezca cáncer a mediano y largo plazos, además de afecciones del corazón, malformaciones, abortos y disturbios mentales, entre otras patologías definidas.
La situación en la localidad sampedrana se encuentra actualmente en estado de expectativa y alta tensión, mientras analiza la causa el Tribunal de Apelaciones en lo penal de San Pedro de Ycuamandyyú.
Los imputados reclaman a los jueces de la capital departamental, donde se encuentra el expediente, el sobreseimiento definitivo en la causa, basados en la falta de pruebas para sostenerse la acusación.
No ha sido probada ni una sola de las acusaciones del denunciante, salvo que el juez haya calificado como delito penal el hecho de reclamar a los gritos el derecho a la vida y la salud, que es lo que ha ocurrido el día en que Domingo Peralta llegó al lugar donde fumiga impunemente acompañado de una legión de policías, funcionarios fiscales e incluso personal del Senave que no se interesó por el peligro de intoxicación sobre las familias del entorno sino priorizó el interés del solvente productor que presentó la descabellada denuncia, recalcaron los vecinos.
Por todo esto, los afectados reclaman que el Tribunal de San Pedro ordene sin más demora la libertad definitiva en la causa penal, teniendo presente la falta de pruebas como sustento jurídico para la imputación, y también tenga en cuenta el hecho de que Peralta no es propietario legítimo de la tierra que reclama como suya por tratarse de un asentamiento del Indert calificado como zona comunal.
“Hasta ahora no entendemos qué criterios usó el juez de Santaní para fallar en contra nuestra, teniendo en cuenta que el denunciante se encuentra en la misma situación que nosotros, sin título de propiedad, usufructuando tierras que supuestamente deben ser destinadas a familias pobres”, recalcó el líder vecinal.
Los afectados por la denuncia sostienen que el Tribunal de Sentencia de San Pedro tiene ahora la posibilidad de enmendar los errores del juez de Santaní haciendo justicia en la causa y ordenando el sobreseimiento definitivo de los imputados.