Rolón Luna fue candidato a diputado por la izquierda luguista y ahora ejerce la defensa de abdistas aliados en el pasado reciente, eludiendo sus obligaciones de representante jurídico y arremetiendo sin pruebas contra fiscales y «enemigos» políticos. Piden que sea enjuiciado.
El abogado Jorge Rolón, quien ejerce la defensa de «esclavos» abdistas imputados por delitos contra el expresidente Horacio Cartes, se expone a fuertes sanciones del Ministerio Público luego de que afirmara ante medios aliados a Marito este miércoles que sus defendidos son víctimas de coacción para testificar en beneficio del “poder”, so pena de castigos laborales y económicas que seguramente lesionarán sus carreras en la función pública.
Rolón no presentó ni una sola evidencia, prueba o documento como elementos de convicción y respaldo de sus afirmaciones que, de tal manera, son irresponsables y pueden ser intervenidas de oficio por el Ministerio Público, señalaron referentes cartistas que siguen de cerca el culebrón propiciado por la cadena de imputaciones a exministros del gobierno anterior y al propio expresidente Mario Abdo Benítez por 7 acusaciones a partir de una denuncia de filtración de documentos confidenciales o secretos con fines electorales.
En una aparente muestra de manotazo de ahogado, el profesional del Derecho fue más allá tras abandonar el perfil de defensor y denunció la existencia de una cruzada de persecución contra enemigos políticos de Cartes, sin dar detalles, y lamentar el “papel secundario” de Santi Peña en una aparente cáscara de banana contra el presidente, que tiene prohibido involucrarse en asuntos propios de otros poderes del Estado.
En vez de ocuparse de los gravísimos cargos contra sus defendidos, que enfrentan expectativa de pena de entre 5 y 7 años de cárcel, Rolón balbucea en pasillos internos del Ministerio Público y el Poder Judicial paraguayo destilando veneno en una aparente intención de blindar cualquier investigación de sus defendidos, entre ellos la cuestionada Carmen Pereira, acusada de pervertir la institucionalidad de la Seprelad en su condición de viceministra para favorecer al abdismo y perjudicar al enemigo cartista.
Exhalando delirantes expresiones recogidas por la prensa amiga, el abogado “olvidó” su contrato de prestación de servicio y tras etiquetar a sus defendidos como víctimas de la libertad de expresión (¿) que nada tiene que ver con la causa, denunció que el Ministerio Público apela a una “política criminal” para acallar voces disidentes.
“Este profesional se ha extralimitado en sus atribuciones, por lo cual debe ser investigado y sancionado porque se trata de una injuria ultrajante contra el sistema de persecución penal de la República”, opinó un abogado independiente abordado por La Mira tras llamar la atención sobre el intento de banalización de la labor fiscal al solo efecto de tentar una representación exitosa.