Buses eléctricos de primer mundo para usuarios del Paraguay ofrecen empresarios de Taiwán, ante la duda instalada por el gobierno a la ley de electromovilidad que, nuevamente, postergaría los intereses de los «comunes» para favorecer a la mafia del transporte movido a petróleo.

En un primer momento el presidente Mario Abdo Benítez anunció públicamente el veto del Poder Ejecutivo a la Ley de Electromovilidad, pero después volvió sobre sus pasos en una típica jugada de improvisación y dijo que la mencionada ley sería implementada, pero con modificaciones, mientras gobiernos hermanos como el de Taiwán ofrecen buses eléctricos de primer mundo para los usuarios cuyos intereses económicos, traducidos en servicios más modernos y pasajes más baratos, nuevamente quedarían postergados y se mueven al compás de la incertidumbre.

En plena época electoralista, Marito no deja de mostrar las mismas señales de ineficiencia e imprevisión que contaminaron su gestión de gobierno.

En marzo pasado dejó sin efecto la Ley de Electromovilidad sin mucho preámbulo, posiblemente como respuesta a inquietudes de sus amigos transportistas, gasolineros e importadores que convierten en ganancias siderales el servicio del transporte movido a combustible fósil (petróleo).

Tiempo después, el presidente volvió sobre sus pasos y a través de técnicos de Obras Públicas hizo decir a la gente que la mencionada ley sería finalmente aprobada con modificaciones que, por supuesto, tendrán en cuenta los intereses del transporte movido con carburantes líquidos, que genera montos multimillonarios de beneficios al gobierno y a los empresarios dedicados al rubro, entre otros favorecidos por la cadena de gracia gubernamental, incluso autoridades, legisladores, jueces y amigos que reciben vales o cupos de combustible gratis.

De acuerdo a los datos, las modificaciones previstas establecen también normas para lugares o centros de recarga de baterías de los vehículos eléctricos, en base a normativas internacionales de respeto al medio ambiente y la lucha contra los gases de efecto invernadero que componen el cinturón verde de la Agenda 2030, que incluye otros rubros de manejo global como la ideología de género y variados tipos de perversidades que apuntan al Nuevo Orden Mundial.

Los vehículos eléctricos son recomendados como opción preferencial para servicios de transporte modernos que, con seguridad, abaratarán sensiblemente los precios de boletos para los pasajeros y, en el caso del transporte de cargas, constituirá un alivio económico importante para el tema de los fletes.

En medio de este panorama emerge la duda sobre el destino final de la Ley de Electromovilidad, teniendo como antecedente inmediato el fracaso estrepitoso del proyecto de recuperación del ferrocarril del Paraguay, que fue tirado a la basura por el gobierno, supuestamente seducido por convincentes incentivos de empresarios vinculados al transporte terrestre.

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