Una hectárea de rubros familiares generaría un promedio de 10 millones de guaraníes que, en el caso de los usurpadores de Pindó, representa un total aproximado de 15.000 millones de guaraníes, a pesar de lo cual aparecieron en Asunción pidiendo plata del Estado.
Hace unas semanas, dirigentes violentos de la estancia Pindó, jurisdicción de Ybyrarovaná (Canindeyú) alardeaban frente a senadores de la nación acerca de la producción sostenida de 1.500 hectáreas de rubros de la agricultura familiar en las tierras ajenas, que surten supuestamente a toda la zona y generan ingresos genuinos a las familias, como parte de la estrategia acompañada por políticos oportunistas -entre ellos, componentes de la Comisión de Reforma Agraria del Congreso nacional- para cazar votos y mantener una clientela cautiva a costa de recursos del Estado sostenidos por la ciudadanía trabajadora.
De acuerdo a cálculos, una hectárea de rubros familiares generaría un promedio de 10 millones de guaraníes que, en el caso de los usurpadores de Pindó, representa un total aproximado de 15.000 millones de guaraníes.
Con este dinero, no necesitarían aterrizar en Asunción para pedir dinero para la agricultura familiar, a menos que estén mintiendo acerca de la productividad agrícola declarada ante el Senado, o busquen acumular más riquezas para alimentar a la claque política o autoridades cómplices del esquema de perversión existencial que llevan a la práctica de forma sostenida e impune desde hace 8 años.
En este lapso, los violentos se han apoderado de gran parte de la propiedad privada que asumieron como territorio liberado, procediendo a destruir y depredar de forma masiva los valiosos bosques nativos de la reserva natural, acompañando con otras actividades delictivas como el abigeato y el cultivo de marihuana.
Todo esto se realiza en medio de la absoluta discrecionalidad por la ausencia extendidamente lamentable de las instituciones del Estado, que se han llamado a un silencio cómplice, colaborando con ello a violentar la seguridad jurídica del país y poniendo en riesgo millones de dólares en inversiones solo en el departamento de Canindeyú, donde están instalados los más grandes silos, establecimientos productivos y mercados de maquinarias que dinamizan la economía regional y nacional.
A través de una controvertida “comisión de productores”, los invasores han salido al exterior de la estancia reivindicando derechos, entre ellos millonarios recursos del Estado para un supuesto “plan de desarrollo agrícola” negados por la ley a quienes usurpan propiedades ajenas.
Esta limitación constitucional es pasada olímpicamente por alto por los propios parlamentarios, quienes cegados por sus afanes político-proselitistas no dudan en violentar el ordenamiento jurídico, en este caso en favor de invasores de la estancia Pindó, a quienes han prometido ayuda y soporte sin reparar en el daño provocado a la propiedad privada, a la seguridad jurídica y al propio Estado de Derecho.