Harta de informes de saqueos la ciudadanía reclama un informe completo de la situación financiera de las instituciones públicas mientras se pregunta qué se hizo con la plata entregada al gobierno de Marito para el bien del país y de la gente.
Aunque a duras penas, y después de 5 largos años de silencio, la Contraloría General de la República dio a conocer parte del prontuario de faltas e irregularidades de la época del ex presidente Mario Abdo Benítez, que según abogados consultados por La Mira evidencian dolo premeditado y un abanico de delitos que ameritan la cárcel.
De acuerdo a los informes, en algunos casos se tratan de saqueos seriados cometidos no solo con la anuencia y el conocimiento de las autoridades responsables de los entes acusados sino ante el silencio de referentes políticos atornillados en Senadore y Diputados que dejaron pasar el secreto a voces del pillaje institucionalizado como si se tratara de una anécdota o un detalle menor.
El tajante informe de la CGR documenta multimillonarios faltantes de dinero público en casi todos los ministerios y entes estatales.
El MOPC se convirtió en un nicho de generación de riqueza para los popes de turno con más de 1.186 mil millones de guaraníes de diferencia contable, sumado a posibles obras fantasmas por gastos sin destino conocido y vito para los empresarios de transporte con el subsidio pagado por las víctimas propiciatorias del servicio de carruajes del transporte público de pasajeros.
El Ministerio del Interior, encargado de la seguridad del país, no escapa a las sospechas documentadas de rapiñaje con una diferencia de casi 1.500 millones de guaraníes entre los saldos de inventario e informes de gestión, entre otras irregularidades que no incluye el fracaso en la lucha contra la inseguridad rural y urbana consideradas territorio liberado para la delincuencia.
Otro “altar de corrupción” ha sido el Instituto de Previsión Social (IPS), donde se han constatado faltantes de bienes y útiles por 43.000 millones de guaraníes, sumado a los más de 1.000 millones de guaraníes en gastos por combustible se desconoce para qué o para quién, y un capítulo aparte del patético informe menciona detalles del sideral faltante entre lo presupuesto y lo erogado en el cuestionado hospital Ingavi.
El Ministerio de Educación no estuvo ajeno a las anomalías contables porque presenta desprolijidades en la adquisición de equipos informáticos por más de 7.300 millones de guaraníes, más otra serie de irregularidades donde resalta la falta de documentación para justificar las erogaciones, lo cual implica la posible existencia de lesión de confianza, entre otros delitos en el manejo de los recursos estatales, en este caso destinados a la educación pública que arrastra un nivel de descompensación generalizado.
El informe oficial hace referencia a diferencias contables y administrativas en el Ministerio de Defensa Nacional durante el gobierno de Marito (G. 5.583.876.154); Ministerio de Justicia (G. 53.262.820.161); Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), que presenta falta de documentación de gastos e inversiones por más de 7.000 millones de guaraníes, y la Dirección Nacional de Aduanas (G. 16.000 millones no registrados entre otros faltantes).
La ciudadanía reclama informes sobre las demás instituciones públicas, entre ellas algunas sospechadas de fuentes históricas de irregularidades y tragadas, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTNM) y Dinac.
Ante este infierno de irregularidades la gente se pregunta “¿Dónde está la plata?”, en referencia al conocido eslogan creado en los primeros años de gobierno de Marito luego de conocerse informes sobre el rapiñaje público, que después fueron perdiendo intensidad a medida que la alianza entre abdistas, liberales, zurdos y propietarios de holdings mediáticos desenmascaraban la cruzada continuista a través de una campaña seriada y cruel de difamación, calumnia y persecución contra un enemigo común: el cartismo.