Sarubbi (margen derecha) aparece con miembros de su directorio que, como él y otra treintena de personas, están acusadas de lampiñar los fondos de Essap entre 2015 y 2016. La justicia vuelve sobre sus pasos y concentra de nuevo artillería jurisdiccional en este caso.
Sarubbi Gamarra se desempeñó hasta hace pocos días como presidente del Ente Regulador de Servicios Sanitarios del Paraguay (Erssan).
Fue el primer director, vicepresidente y presidente (2010-2012) de la Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento de las Américas.
También ocupó cargos en el IBR, Senasa, Conavi, Municipalidad de Fernando de la Mora y en el sector privado.
Además, fue disertante y participó de cursos y talleres sobre agua potable, saneamiento y medio ambiente en varios países de Latinoamérica.
En celebrado arrebato reivindicativo, la justicia paraguaya vuelve sobre sus pasos y busca recuperar algo de credibilidad ante la ciudadanía, en este caso al tomar por el cuello a un presunto vaciador de fondos públicos para colocarlo en el banquillo de acusados luego de que el acusado fuera favorecido por un pedido de sobreseimiento definitivo que, en otra instancia de la Corte, debería motivar la seria investigación de los jueces que tuvieron a su cargo resolver la sentencia cargada de mala praxis.
Se trata de la causa que tiene como protagonista al ex presidente de la Essap, Omar Ludovico Sarubbi, acusado con documentos probatorios de haber protagonizado una de las rapiñas más infames contra los recursos del pueblo en su función de titular del ente de servicios de agua potable, con la complicidad de una treintena de funcionarios que se prestaron a la gran comilona, en desmedro de la calidad del servicio que, por entonces, hacia agua por todos lados, según los investigadores.
Sarubbi fue señalado de rapiñar más de 17.000 millones de guaraníes, pero, de forma harto sospechosa que debería movilizar al aparato judicial del Estado, fue beneficiado con el pedido de sobreseimiento definitivo.
De acuerdo a fuentes cercanas a la investigación, están involucradas en la posible mala praxis las representantes de la ley, María Soledad Machuca, María Victoria Acuña y Cynthia Lovera, a más de agentes del Juzgado de Garantías y la Cámara de Apelaciones.
En la semana que se avecina se conocerían novedades de bulto con respecto a esta causa penal, que compromete la responsabilidad de Sarubbi en el festival de latrocinio institucionalizado dentro de la Essap entre los años 2015 y 2016, cuando ejercía de presidente de la República el señor Horacio Cartes quien, según datos, pidió que se investiguen las denuncias que, como reguero de pólvora, salían por entonces de la Essap y que señalaban con dedos acusadores a Sarubbi y compañía.
“Parece que tiende a hacerse justicia en la causa, después de tantos perjuicios que acabaron por colocar a la Essap en situación de quiebra técnica debido a los millones esquilmados, a pesar de los siderales ingresos de la institución en su calidad de servicio monopólico”, afirmó este viernes un alto funcionario que hace carrera en el ente aguatero desde hace más de dos décadas.
Comentó que los documentos que comprometen a Sarubbi y demás implicados en la mega-tragada son contundentes, y que la justicia debe demostrar que no está al servicio del poder y el dinero a la hora de dictar sentencias ajustadas a la ley y el Derecho.