El ex hombre fuerte de Lugo, acusado de desviar millones destinados a mejorar comisarías en ruinas de Asunción, quedó libre de culpa y pena en una sentencia criticada que pasó prácticamente desapercibida. Una mancha más de la corrupta justicia.

En una movida que se veía venir a caballo del flirteo político entre el gobierno de Marito y la izquierda opositora, la justicia paraguaya se allanó a las decenas de chicanas acumuladas durante 10 años, nada menos, y decidió liberar de culpa y pena al ex ministro de la era Lugo, Rafael Filizzola, acusado de vaciar recursos destinados en los papeles al mejoramiento de comisarías de Asunción, que presentaban una estructura deprimente y eran el hazmerreír de la gente frente al poderío que ya por entonces demostraban las organizaciones criminales y la delincuencia organizada.

La jueza Alicia Pedrozo es señalada como blanqueadora de Filizzola.

Lejos de tomar en cuenta, y establecer sanciones como lo establece la ley penal para los casos de chicanas patológicas, se allanó al pedido de extinción de la causa proclamada a cuatro vientos por abogados expertos en trucos y artificios jurídicos, quienes durante todo este tiempo procuraron eludir al acusado de la audiencia preliminar.

En octubre del 2010, Filizzola aprobó la licitación para la construcción de baños modernos y celdas dignas en todas las comisarías de la capital.

De acuerdo a los datos, no se presentaron los estudios técnicos y pedidos correspondientes que deberían avalar una licitación y posterior desembolso, como de hecho ocurrió.

La carpeta fiscal es clara en relación al presunto desvío, en el sentido de que las obras licitadas no se realizaron, o se concretaron a medias, generando un perjuicio patrimonial de 1.189 millones de guaraníes a las arcas del Estado.

Una saga interminable de chicanas antecede al proceso extendido hasta el cansancio con pedidos de inconstitucionalidad, recusación gratuita de jueces, apartamiento de fiscales investigadores, archivamiento de documentos y denuncias, y un sinfín de trampas jurídicas ante la vulnerabilidad de magistrados entregados al poder.

Para muestra basta un botón.

La Sala Constitucional de la Corte, integrada por Alberto Martínez, Eugenio Jiménez y Cristóbal Sánchez demoró la friolera de 5 años en resolver un incidente de nulidad de actuaciones planteada por la defensa de Filizzola.

El lapso restante, hasta la sentencia de extinción de la causa, transcurrió sin novedades, como si todo estuviera en orden y fueran normales las tramperías urdidas por los abogados del hombre fuerte de Lugo.

De esta manera, la justicia paraguaya suma otro punto negro a su largo historial de ineficiencia e inoperancia, factores que han llevado al Paraguay a ser calificado como uno de los países más corruptos del mundo.

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