La intocable y siempre polémica ministra Carla Bacigalupo está en el ojo de la tormenta con su declaración jurada que, según peritos, miente en términos millonarios, al igual que otros altos jerarcas del Gobierno. La ARP apoya el veto presidencial al intento de «legalizar el perjurio».
El intento de parlamentarios de desnaturalizar la obligación constitucional de los funcionarios del Estado de declarar bajo fe de juramento, es decir, de declarar juramentadamente con qué patrimonio llegan y con qué patrimonio salen, no es para cumplir con un acto ritual administrativo, sino para poder comprobar el día de mañana si honraron su función, expresa un comunicado a la opinión pública dado a conocer este lunes por la Asociación Rural del Paraguay (ARP), sentando el apoyo institucional para acompañar “con satisfacción” el veto presidencial al proyecto de dejar sin efecto la penalización de la declaración falsa o mentirosa, que actualmente se limita a sanciones de bajo peso que no generan temor sino carnadas para continuar con el festín.
“En un lenguaje confuso y deliberadamente equívoco buscan confundir la declaración jurada obligatoria de bienes y rentas impuesta por la Constitución con la prueba testimonial”, expresa una parte del documento, al aludir a la sanción de una ley que pretende hacer del deber de decir verdad un simple acto administrativo, para que la declaración de bienes exigida por la Constitución a todo funcionario público no produzca otros efectos que aquellos puramente administrativos.
“La Constitución impone a todas las personas que accedan a la función pública la obligación de declarar bajo fe de juramento cuál es su patrimonio al ingresar a la función pública, para compararlo con el que tienen al dejarla. El espíritu de la norma es sancionar el enriquecimiento ilícito, el abuso de poder y uso indebido de influencias para beneficio propio”, expresa el comunicado.
Observa que la Corte Suprema de Justicia disponía la publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, en aras de la trasparencia, en el mismo momento que los diputados sancionaban una ley por la cual pretenden que la misma sea un papel casi sin valor jurídico.
Si el Presidente de la República no veta la ley, como la ciudadanía honesta solicita, se cumplirá la sentencia de Lichtenber: “Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto”, sostiene la ARP, quien declara el apoyo institucional para acompañar “con satisfacción” el veto presidencial, con el argumento de que “no puede insinuarse legislativamente el perjurio como modo legal de obrar”.