La Ley de Superintendencia dejó este martes una estela de represión, heridos y detenidos. En la foto divulgada por las redes sociales, un sindicalista de Sitrande se lamenta tras acusar disparos de balines y golpes de la Policía.
Apenas un par de meses después de que una violenta revuelta en la penitenciaría nacional de Tacumbú ocasionara el primer golpe de alerta contra las fuerzas de seguridad pública y el pulso político del Gobierno, un nuevo jugador emerge con fuerza en el escenario nacional tras la creación de un proyecto de ley que busca poner orden en el desastre financiero y administrativo de las cajas de jubilaciones del país, que sectores de la oposición y prensa aliada entienden como un intento solapado de echar mano de multimillonarios recursos pertenecientes a los trabajadores pasivos.
En medio de tumultos generalizados que no pasaron aún a mayores, legisladores discutieron este martes los alcances del controvertido proyecto y el riesgo latente de que se esté ante un quiebre de seguridad financiera de los miles de millones de dólares (el monto exacto no se dio a conocer) en beneficio de roscas angurrientas de dinero fácil y en perjuicio directo de millares de jubilados y pensionados.
El gobierno de Santiago Peña se ha visto involucrado de esta manera en el rechazo del Proyecto de Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, defendido a capa y espada por referentes oficialistas que apenas sí tienen espacio para exponer lo que ellos consideran como beneficios inéditos para los trabajadores pasivos, mientras suenan tambores de guerra en organizaciones sindicales, partidos de la oposición y medios que aún están pegados al abdismo efrainista negándose a la cesación ficta de sus negociados y privilegios.
Todo esto se produce mientras el holding mediático La Nación publica en gran destaque documentos de posible corrupción en el interior del sindicato de trabajadores de la ANDE que, de acuerdo a los reportes, realiza préstamos irregulares con el dinero de sus socios a una conocida empresa de electrodomésticos de Asunción con intereses irrisorios en comparación a los márgenes oficiales del BCP y, posiblemente, en beneficio exclusivo de la rosca sindical que no ha emitido desmentidos sino versiones sin sustento formal propias de sindicatos.
Sitrande es una de las organizaciones más poderosas que se opone a la Ley de Jubilaciones, donde brillan por su ausencia las centrales obreras, aunque sí muestran la cara ante los medios conocidos navegadores en río revuelto ávidos de ganar un espacio en el candente espectro opositor, que viene remando de abajo luego de la catastrófica derrota en las elecciones generales de abril pasado.
El tiempo es factor clave para la aprobación en puertas de la Ley de Jubilaciones, a falta de un par de semanas para las vacaciones del Congreso y la pausa de actividades en el sector gubernamental, por un lado, y en el contrafrente la expectativa latente del sector laboral pasivo que expresa temor ante la posible depredación certificada de su ahorro acumulado durante al menos 25 años de sacrificio.