El infortunio de inseguridad se ha apoderado del país, y el presidente mantiene oídos sordos al clamor ciudadano de paz y tranquilidad. El ministro Giuzzio está atornillado a su cargo y se niega a renunciar, pese a los desastrosos resultados de su gestión.
Lejos de detenerse la ola de inseguridad que azota al país, la ciudadanía se muestra impotente ante las noticias que a diario sacuden el ambiente, en un frenesí de sangre y fuego que asemeja a países de la región donde bandas y pandillas organizadas marcan la hoja de ruta de un gobierno tambaleante que no da señales de cambio.
Si los hechos de robos y asaltos se han convertido en el pan diario, no son menos los casos de sicariato o ajustes de cuentas, en medio de un fragor ardiente que contrasta con el clamor de paz y tranquilidad de la ciudadanía y sectores productivos, que acaban de experimentar nuevos actos violentos totalmente impunes, como víctimas de un esquema de seguridad que ha permeado olímpicamente la cadena de intervención pública para convertir ciertos lugares en territorio liberado para los desmanes.
En muchos casos, patetizados por los medios de comunicación, se ha observado cómo los agentes de seguridad pública se manejan como si se trataran de simples espectadores, encargados puntualmente de registrar casos delictivos o criminales, levantar evidencias si las hubiere e informar a la prensa.
En este estado de cosas, los uniformados acusan la ira ciudadana por su inacción para intervenir con la fuerza que le concede la ley, pero se ha visto cómo la Policía sucumbe ante el azote de indeseables protegidos por políticos.
En medio de este pandemónium en que se ha convertido la seguridad pública, el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, se mantiene atornillado al poder, con el respaldo del presidente de la República que, en un hecho repetido durante su caótica gestión, se mantiene firmemente callado.
Giuzzio ha sido declarado por el senador Pedro Alliana como “el peor ministro” del Gabinete nacional, como consecuencia de la anarquía social que golpea a gran parte del país e involucra en variado calibraje de gravedad a ciudadanos “comunes”, productores, campesinos e indígenas.