El perfil de «yo no fui» que se viralizó en las redes sociales y levantó en todo este tiempo lluvia de críticas de variado calibre contra Marito, quien se está despidiendo como uno de los peores presidentes de la era democrática.
La crítica acumulada durante todos estos años acerca de la fragilidad de lucha de la fuerza pública para hacer frente al ilegal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) no ha tenido respuesta del gobierno de Abdo Benítez, que a las puertas de dejar su cargo de presidente de la República llevará sobre sus hombros el dolor lacerante de familiares de compatriotas que están en poder del grupo armado terrorista oculto en los montes del norte de la Región Oriental, donde actúan a placer y supuestamente no pueden ser encontrados.
En los 50 años de historia de secuestros en Paraguay se registraron casi 60 víctimas desde el primer plagio ocurrido en 1973 en perjuicio del empresario anglo argentino Ian Duncan Martin, imputado a una supuesta organización extorsiva cuyos detalles fueron sepultados por el stronismo de entonces.
Sucesivos gobiernos pos-stronistas fueron sacudidos por casos de secuestro, pero ninguno de ellos pudo realizar un trabajo exitoso contra este tipo de azote nacional que se mantiene vigente con los años sin posibilidad de ser erradicado, tal como lo demuestran los hechos ocurridos en los últimos 20 años.
Del total de víctimas privadas de su libertad a través de la violencia, tres de ellas se mantienen en el ojo y la crítica públicos. Se trata del suboficial de la Policía Nacional Edelio Morínigo, secuestrado el 5 de julio de 2014 en un establecimiento ganadero de las afueras de la ciudad de Concepción; el ganadero Félix Urbieta (12 de octubre de 2016) y el empresario Oscar Denis (9 de setiembre de 2020).
Todos estos casos son fueron reivindicados por el EPP, misteriosa organización criminal que enarbola la bandera política-ideológica como carta de presentación, pero en la práctica actúa como un grupo de no más de 40 miembros animado por fines extorsivos, aunque no se descarta que se trate de una pantalla gigantesca que oculta el negocio del narcotráfico en una zona específica del norte que presenta escenarios ideales para la producción y tráfico de droga.
Ocasionalmente, el gobierno ahora agonizante de Abdo Benítez ha cantado victoria contra el EPP tras sacar de circulación a supuestos líderes terroristas pero se trataría nada más que de cantos de sirena contra la crítica ciudadana que, en contrapartida, no termina de preguntarse por qué no se toman medidas contundentes que conduzcan a la liberación de los secuestrados y el retorno de la paz a la región, castigada por la inseguridad y el narcotráfico, por un lado, mientras el sector privado inversionista obtiene resultados relevantes en el trabajo agroganadero.
En medio de este mar de misterio emerge la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) como responsable de la vigencia latente del temor colectivo en la región, a pesar de los G. 66.000 millones de presupuesto y los más de 840.000 millones que ha recibido en todos estos años de “acción” que, según las críticas, se trata de plata tirada porque en la práctica no hay resultados, pero sí jefes millonarios expertos en mentir y lanzar falsos positivos cada vez que son abordados sobre sus supuestos operativos.
En su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, el presidente Abdo Benítez nada ha hecho para reivindicar el clamor lastimero de los habitantes del norte y más específicamente de los familiares de los secuestrados, en un entorno donde persiste campante el acecho de la inseguridad.
Marito se recluirá pronto en su termo dorado tras dejar la presidencia del país manchada con una enorme deuda con el pueblo paraguayo, no solo con el tema de los secuestrados sin ánimo de rescate, sino por la inseguridad extendida y dolorosa ocasionada por casos multiplicados de robos y asaltos que mantienen arrodillada la población, ante el silencio cómplice de holdings mediáticos amigos presentados como “independientes” que durante todo su gobierno le mantuvieron en alfombra roja, ocultando arteramente la corrupción pública a cambio de licitaciones direccionadas y feroces negociados conjuntos.