El presidente de la República y comandante en jefe de las FF.AA. es visto en el lugar de las operaciones luego de registrarse la muerte de las dos niñas, que el mismo contabilizó como éxito del operativo y disparó la crítica internacional.
Mientras el colegiado de abogados del Paraguay guarda silencio sobre los cuestionados hechos de resonancia internacional registrados en la zona de Yby Yaú, sus pares argentinos dieron a conocer un comunicado donde sientan postura crítica sobre el accionar del gobierno paraguayo en el fallido intento por eliminar al EPP, y tras disparar municiones verbales sobre la muerte de dos niñas con documentación argentina en el supuesto enfrentamiento armado, emitieron un fuerte desafío institucional.
“Esto recién empieza en la larga lucha jurídica que llevaremos adelante junto a los familiares de las niñas asesinadas para hacer pagar a estos miserables. No hace falta desenmascararlos. Ni nosotros ni el pueblo paraguayo olvidaremos nunca al presidente de esa nación corriendo a hacer un festejo y celebrar como un éxito, orgulloso, la muerte de dos niñas de 11 años”, expresa la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina.
“Los denunciaremos en todas las instancias internacionales posibles, los denunciaremos en los tribunales argentinos. Pero la Justicia, tarde o temprano, sabrá hacerla el pueblo paraguayo”, alega.
En los alegatos, hace un relato de cómo ocurrieron los hechos.
“Con toda tranquilidad y cinismo, el fiscal Delfino explicó que el uniforme que, ostentosamente, les fue colocado a las niñas después de muertas, había sido quemado por el protocolo contra el covid 19. Desesperadamente, borraban pruebas del crimen. Ya habían comenzado a pretender hacerlo cuando informaron que, al contrario de como es obligación y ocurre siempre, en este caso ‘no habían podido, por dificultades técnicas’, filmar el operativo y el lugar en donde ocurrieron los hechos”, expresa el informe dado a conocer en el sitio virtual del gremio.
Cuestiona también un comunicado del gobierno paraguayo que, “incluso, pretendió que las madres debían someterse a pruebas de ADN para probar serlo, y un asesor presidencial se hizo el guapo llamando a los padres guerrilleros de las niñas a ir a Asunción a buscar sus cuerpos”.
“Al final del día, se encontraron con un forense que no encontró manera de disimular lo que las familias y esta Gremial denunciaron (y el Estado argentino confirmó): la edad de las niñas era de 11 años”, puntualiza el documento.
Los disparos verbales precisan que “abrumados por las pruebas que derrumbaban sus castillos de mentiras e infamias, y por la población espontánea que se reunió a las puertas de la morgue para insultarlos, los funcionarios no tuvieron más remedio que olvidar las patrañas y entregar los cuerpos a su tío y a Daisy, que trasladaron sus cuerpos para alojarlos provisoriamente en un cementerio del interior”.