Cuando la policía se propuso, atrapó en un santiamén a los presuntos asesinos del chofer del Bolt. Unas 7.000 órdenes de arresto domiciliario no se cumplen por falta de efectivos, y las órdenes de captura tienen cumplimiento restringido.
El lamentable asesinato de un humilde trabajador del volante al servicio de la plataforma Bolt el pasado domingo en la jurisdicción de Villa Hayes revela, una vez más, que cuando la Policía se pone las pilas y se concentra en un objetivo logra superar cualquier tipo de barrera o dificultad para cumplir con su trabajo.
El tema viene a cuento tras la captura de dos sospechosos de asesinar al chofer Derlis Aranda en un asalto donde se apoderaron del vehículo ajeno y la billetera de la víctima, que quedó tendido en el suelo ante la impotencia de testigos por intentar salvarle la vida, constituyéndose de esta manera en otro inocente ciudadano que pasa a engrosar la lista de fallecidos a causa de la inseguridad.
Un hecho que no pasó desapercibido es que los dos sospechosos detenidos, Justo Germán Benítez y Maximiliano González, no debían estar en la calle bajo ningún concepto en virtud de sendas medidas judiciales.
Benítez mantenía sobre su cabeza una orden de captura por abigeato y González tenía orden de arresto domiciliario por robo, pero ambos sujetos, lejos de allanarse a la ley “salieron a la calle a matar”, lamentó un vecino del populoso barrio Pa’i Roberto de la ciudad ribereña aledaña a Asunción tras celebrar el rápido accionar de la Policía para buscar y encontrar a los dos supuestos asesinos.
“Cuando quieren, pueden”, alegó sobre este punto otra vecina de Pa’í Roberto señalando que “si en su momento la Policía lograba tener a buen recaudo a estos criminales otra hubiera sido la historia de este chofer prójimo que se ganaba el pan con el sudor de su frente y vino a encontrar la muerte de una manera injusta, violenta y cobarde”, recalcó Ana María Brozzón.
De acuerdo a los datos, el chofer de la plataforma de servicio de transporte privado intentó defenderse por sus propias fuerzas como reacción lógica a la intimación de los bandidos, pero pudo más el poder de fuego de sus victimarios para dejarle definitivamente fuera de servicio quitándole la vida.
Según informes del Ministerio Público, existen sin ser cumplidos al menos 7.000 órdenes de arresto domiciliario en toda la República.
Seguramente muchas de las personas con esta restricción continúan con sus fechorías en la vía pública, ante el peligro instalado en la sociedad y la crítica falta de respuesta de la Policía que, por su lado, alega falta de personal suficiente para poder cumplir con las órdenes judiciales.
De esta manera, los uniformados se limitan a concentrar su empeño en los delitos graves o de amplia repercusión social, en un círculo vicioso donde los delincuentes atrapados eventualmente por los agentes podrían ser los mismos quienes volvieron a caer en las redes policiales debido a que han vulnerado las órdenes de arresto domiciliario o continuaban campantes en la vía pública a pesar de las órdenes de captura en su contra.