Si el gobierno quiere erradicar la mafia del sistema penitenciario debe cambiar a los dos directores del penal de Emboscada, coinciden funcionarios con trayectoria que alegan conocer a fondo las sinvergüencerías de los recomendados por el viceministro de Salud, Dr. Miguel Olmedo y un séquito de selectos interesados.
En medio de la expectativa generalizada de la población luego de la reciente revuelta de presos en Tacumbú el presidente de la República Santiago Peña anunció reformas de fondo en el sistema penitenciario del país sin entrar en detalles y tratando de instalar tranquilidad en medio de las críticas.
De acuerdo a datos brindados a La Mira por funcionarios penitenciarios con años de trayectoria laboral, Santi debe comenzar su trabajo cambiando a los directores de cárceles, especialmente aquellos que soportan cuestionamientos graves como involucramientos en casos de corrupción, negociados y asociación criminal con presos vip, situaciones repetidas en el tiempo que han degenerado la misión y visión de las instituciones penales para convertirlas en escuelas superiores de perfeccionamiento criminal.
La crisis desatada en Tacumbú expuso al rojo vivo el nivel de sumisión en que se encuentra el sistema penal arrodillado ante la mafia carcelaria, en este caso ante el sanguinario Clan Rotela vinculado al tráfico de drogas.
A menos de 50 kilómetros de Asunción se encuentra la penitenciaría nacional de Emboscada, integrada por la cárcel «Padre José Antonio de la Vega» donde ejerce como director Cristian Ortiz Claverol, y la cárcel antigua cuyo director es Adán González.
Estos dos directores ya desempeñaban la misma función en el gobierno anterior, y en el caso de Ortiz Claverol dejó la dirección de la cárcel en Emboscada apenas un par de días antes de las elecciones generales, luego de lo cual retornó a su mismo cargo como si nada, a pesar de cargar sobre sus hombros denuncias multiplicadas de inoperancia y transas al por mayor.
En el caso de Adán González, el mismo fue denunciado por acoso sexual tras un escándalo con una funcionaria a su cargo en el penal de San Pedro donde ejercía de director tras lo cual fue imputado pero resultó beneficiado con un cuestionado blanqueo a pesar de las evidencias expuestas.
A González también le compromete su presunta responsabilidad en el hallazgo de un laboratorio de drogas en Tacumbú en octubre del 2020, así como el decomiso de gran cantidad de drogas adictivas, dinero en efectivo, armas blancas y celulares, entre otras irregularidades.
A pesar de estos graves cuestionamientos el ministro Barchini dio una gran muestra de debilidad al permitir que el viceministro de Salud, Dr. Miguel Olmedo, lograra meter a sus recomendados como directores de la cárcel de Emboscada, en medio del repudio de los funcionarios de trayectoria que alegan conocer a fondo las sinvergüencerías de Ortiz Claverol y González.
El propio presidente de la República, Santiago Peña, se dejó engatusar por Barchini y Olmedo para emitir las sendas Resoluciones de nombramiento, con las cuales las dos cárceles del penal de Emboscada quedaron otra vez en manos de autoridades polémicas y controvertidas, sin seguridad y, lo peor, con la abierta posibilidad de que se repitan vicios y delitos que se creían iban a ser eliminados con el advenimiento de un nuevo gobierno.