Los paraguayos en general, y la castigada ciudadanía norteña en particular, idealizan esta imagen de despedida de Marito para resetear el tema de la inseguridad y encarar con un gobierno serio la erradicación definitiva del terror en este país.
La muerte de los sargentos Eulalio Espinoza, Lauro Monzón y Mauricio Pérez a manos de criminales del EPP la tarde de este jueves en la zona de Tacuatí, departamento de San Pedro, extiende nuevamente el luto en esa castigada zona del país donde el terrorismo se ha instalado con fuerza, ante la incompetencia criminal del gobierno, que con su inacción ha permitido que la violencia despliegue su rostro y ponga contra la pared al pueblo inocente afectando la producción, el trabajo y la libertad.
El gobierno busca afanosamente desprenderse de su responsabilidad de garantizar la vida de las personas y acude desesperado a mecanismos de defensa, mientras la ciudadanía harta de la inseguridad clama, nuevamente, por el juicio político al presidente de la República.
Abdo Benítez, aparentemente cuenta aún con el blindaje de la oposición, en medio de una guerra de acomodamiento político en vísperas de cruciales elecciones municipales y, más adelante, el inicio de la compulsa presidencial donde están en la mira temas colosales de corrupción y vacío de poder, de frente al descontento generalizado del país por el fracaso de sus autoridades.
El atentado de Tacuatí, considerada zona de dominio del ilegal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP, señalado de ser autor del ataque del jueves), pone nuevamente bajo cuerdas al servicio de seguridad pública, específicamente la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), por la falta de respuesta efectiva y contundente ante el avance seguro del terror en el norte identificado con siglas representativas que, en la práctica, se tratarían de facciones de la mafia dedicadas al narcotráfico en gran escala.
Los 14 millones de dólares anuales destinados por el presupuesto nacional exclusivamente para el sostenimiento de la fuerza militar-policial encargada de brindar seguridad en el norte, jamás se han justificado, y una de las pruebas dolorosas es la situación de los secuestrados Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Oscar Denis, cuya suerte se bambolea en el limbo del misterio y las cataratas de rumores.
Cuando se creía que la falta de vacunas para la población, como producto de la corrupción y la ineficiencia públicas, eran suficientes para rebosar la paciencia ciudadana, surge nuevamente el tema del terrorismo en el escenario político nacional.
Mientras el gobierno se rasga las vestiduras, y alega lamentar la muerte de tres jóvenes militares en el servicio del deber, nada hace para frenar el estado de cosas como sería, por ejemplo, acudir a instancias internacionales en busca de ayuda.
El EPP y la ACA (Acción Campesina Armada), ocupan una faja territorial que, según informes, abarca no más de 100 kilómetros a la redonda, entre los departamentos de Concepción, Amambay y San Pedro.
En ese limitado espacio físico se desenvuelve el terror en Paraguay, rodeado de militares y policías con armas y logística de primer mundo que, en la práctica, de nada sirven.
¿Cuántos muertos inocentes más deberán registrar las estadísticas antes de que el gobierno decida, finalmente, incursionar con fuerza en los montes para erradicar el terrorismo y devolver al norte su perdida seguridad?
El desgastado poder político tiene en sus manos la misión de trabajar en serio por la seguridad en el Paraguay, antes de que la criminalidad y la delincuencia acaben por socavar las leyes, extendiendo el caos como caldo de cultivo para la instalación de ideologías que utilizan el terror como arma de dominación integral.