La familia afectada por la expropiación busca respuesta al golpe propinado por la EBY que, en transgresión a la Ley de Indemnización, emitió una orden de desalojo que viola los Derechos Humanos y tratados internacionales de vida digna para las personas de la tercera edad, según la denuncia.
Como resultado de una historia infame, cargada de irregularidades y misterios, en contra de una familia afectada por la expropiación de su propiedad en los aledaños de Encarnación, al sur del Paraguay, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) fue denunciada por violación de Derechos Humanos fundamentales, en este caso el derecho a una vivienda digna, en perjuicio de personas de tercera edad, entre ellas una anciana de 90 años y niños en edad escolar.
“Yacyretá ha violado derechos consagrados en instrumentos internacionales, como el Art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el Art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, expresa la nota de denuncia presentada por el doctor Raúl Aníbal Riveros, por propios derechos y en representación de la familia Riveros Soley, encabezada por Amanda Soley Vda. de Riveros, de 90 años de edad e integrada, entre otros, por Oscar Riveros Soley, de 74 años.
La denuncia afirma que la familia Riveros Soley es afectada y perjudicada por el proyecto ferroviario de la EBY en el barrio Espíritu Santo de la localidad de Cambyretá, por lo que solicitan al Ministerio Público en Encarnación la urgente intervención de la EBY “para constatar in situ la degradación humillante en que nos encontramos luego de 16 años de lucha contra la EBY”.
Los perjudicados señalan en el documento presentado este lunes ante el Ministerio Público que Yacyretá “se niega sistemáticamente, con engaños, desaires, indiferencia y desprecio total de nuestros derechos a cumplir con la Ley de Indemnización, e incluso un acuerdo para abandonar nuestra valiosa propiedad familia a cambio de una vivienda digna, que jamás se concretó”.
Añaden que la EBY no solo incumplió acuerdos y tasaciones de pago, sino sorprendió ingratamente a los afectados con un tiro de gracia, consistente en una orden de desalojo calificada de ilegal, alevosa, traicionera e incluso inhumana porque debido a la situación generada corre peligro la vida de la anciana nonagenaria.
De acuerdo al relatorio de la denuncia, el pasado 7 de octubre de 2025 la familia Riveros Soley recibió el escrito donde la EBY les comunicaba de un inminente desalojo forzoso que afecta a sendas viviendas construidas y plantadas en el inmueble objeto de expropiación, con matrícula Nº H03/13.461 y cuenta corriente catastral Nº 23-1169-02 del distrito de Cambyretá, a unos 1.500 metros del circuito comercial de Encarnación, donde las propiedades se ofertan a precio de oro.
“El agravante principal de la ilegal orden de desalojo es que la principal perjudicada es mi madre de 90 años de edad, mi hermana y hermano también de tercera edad, además de niños escolares que sufren las secuelas de la situación de que EBY es la única culpable”, refiere la denuncia.
El doctor Riveros aclaró en la nota que la orden de desalojo no ha sido precedida de un proceso de consulta adecuado por parte de la EBY, que tampoco ofreció alternativas habitacionales dignas, violando así los estándares internacionales de Derechos Humanos.
“La acción de desalojo pone en riesgo no solo mi derecho a la vivienda y el de mi familia, sino también otros derechos conexos, como el derecho a la seguridad, la salud y la integridad familiar”, puntualiza.
La denuncia expone fundamentos jurídicos sobre el Derecho a la Vivienda Adecuada establecido en el Pacto Internacional de Derechos Humanos, Sociales y Económicos; obligaciones del Estado paraguayo, como firmante de tratados internacionales, para proteger a los ciudadanos frente a riesgos o peligros de sus derechos fundamentales, como en este caso de desalojo arbitrario y, al mismo tiempo, ofrecer y garantizar soluciones habitacionales dignas.
El escrito de denuncia señala que la acción de desalojo viola principios de no discriminación, participación y consulta previa, establecidos taxativamente en leyes y ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales sobre Derechos Humanos.
La denuncia sostiene que la intención de la familia no es otra cosa que salvaguardar sus derechos fundamentales, como también daños eventuales que puedan surgir de la situación creada por Yacyretá, por lo cual solicitan la intervención urgente de la unidad fiscal con el objetivo inmediato de detener la ilegal orden de desalojo “hasta que se garantice el cumplimiento de los estándares internacionales de Derechos Humanos, y se garantice una solución habitacional adecuada para mi y para mis familiares afectados, respetando nuestra dignidad y derechos fundamentales”.
La denuncia contra la EBY fue recibida por la Fiscalía Regional de Encarnación, Oficina de Denuncias Penales, y lleva la firma de Wilfrido Orrego.