La muerte, posiblemente por encargo oficial del diputado y empresario ganadero «Lalo» Gomes, deja mal parado al gobierno por las circunstancias sospechosas que rodean el caso y la crisis existencial instalada en los altos círculos de poder.
Dudas y sospechas. Así puede describirse el ambiente quemante dominado por tensiones que rodea al gobierno paraguayo luego de que el diputado oficialista Eulalio Gomes fuera abatido en un caso plagado de sospechas en la vivienda familiar del siempre belicoso departamento de Amambay, donde conviven en un mismo escenario hombres de bien y referentes del crimen organizado repartidos en variadas “especialidades” ante el temor generalizado y la falta de garantía de vida para todos sus habitantes.
El oficialismo colorado en el poder de la República está involucrado en una crisis existencial provocado por la sospechosa muerte de “Lalo” Gomes, quien según testimonios y evidencias fue ejecutado en su propia cama matrimonial como supuesta víctima de un ajuste de cuentas o quema de archivo ordenado desde carpas oficialistas, según referentes de la oposición.
“Algo terminante habrá hecho o dejado de hacer para merecer semejante ataque de parte de autoridades que responden a su propia corriente política oficialista”, disparó este martes un referente de la rejuntada “democrática” opositora que, por su lado, enfrenta también los rigores de una muerte no anunciada que dejó boquiabierta a la ciudadanía e instaló un halo de impotencia, dudas y desazón generalizada en el ambiente político y otros círculos de poder.
La muerte de “Lalo” Gomes es tendencia en el Paraguay y ha ocupado grandes titulares en los medios más renombrados del mundo, que no dejan de llamar la atención acerca de los detalles que rodean al caso precipitado por el círculo de mando que está en el poder de la República.
Las autoridades nacionales, comenzando por el propio presidente de la República, han salido a dar tempranamente su respaldo a los mandos e instancias señalados o acusados de llevar a cabo una operación antidrogas ilegal y anticonstitucional, si se tienen en cuenta los fueros legislativos que ostentaba el diputado Gomes, y la serie de pasos procesales que se pasaron olímp
icamente por alto en la intervención que degeneró en el fallecimiento del conocido empresario ganadero y político colorado norteño.
Para el hombre común de Pedro Juan Caballero, ciudad fronteriza con Brasil donde residía Gomes con su familia, se trata de un clásico ajusticiamiento proveniente del submundo de las drogas.
El diputado, dueño de una fortuna cuantiosa que ahora es motivo de análisis bajo el manto de sospecha, venía arrastrando una serie de denuncias y acusaciones de estar ligado con el narcotráfico y el lavado de dinero, a pesar de lo cual no era molestado por la justicia y participaba abiertamente de eventos empresariales, políticos y sociales como cualquier ciudadano de manos limpias.