Irónico. Directivas de la ONG «Semillas por la Democracia» aparecen con el exministro de la Seprelad René Fernández tras requerir de los partidos políticos la transparencia con documentos que la misma organización se niega a presentar ante la CBI.
Oenegés, temerosas de que supuestas irregularidades salgan a la luz pública, y entes financieros vinculados al lavado de dinero proveniente del narcotráfico que se niegan a responder cuestionarios de instituciones contra el crimen organizado, apelan a todo tipo de recursos para tratar de desacreditar a la Comisión Bicameral de Ilícitos formado por senadores y diputados de la nación para hurgar en las cuentas de sectores sospechosos y sacar a la luz pública trapos sucios guardados como secreto de Estado.
“Comisión garrote” es el descalificativo usualmente abordado por holdings mediáticos “independientes” y políticos líbero-zurdos asociados con la finalidad de lograr el blanqueo de sus actividades puestas bajo la lupa por la referida Comisión, que en su momento ha aclarado su constitución de naturaleza netamente investigativa y no inquisidora ni represiva, como pretenden endilgarle los organismos amigos que se niegan a mostrar documentos de sus actividades supuestamente formales desarrolladas al amparo de la ley.
Un banco que se encuentra en el top 5 de las entidades financieras más solventes y creíbles de plaza figura entre los sospechosos de realizar transacciones de lavado, específicamente con recursos multimillonarios pertenecientes a la Conmebol en la era Léoz, y otras operaciones en negro con el temible capo del narcotráfico Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, condenado en Brasil a 50 años de prisión por delitos vinculados a la droga.
A través del apriete mediático y la ayuda de fuentes a medida que se encargan de disparar municiones de grueso calibre contra el gobierno en general, y la CBI en particular, el banco sospechado de relaciones con el crimen organizado logra poner a distancia a las instituciones de control y represión del lavado de dinero.
A tal punto llega la presión mediática y política contra la CBI, que han logrado introducir un pedido de desarticulación de este organismo parlamentario con el argumento de que carece de legitimidad y se trata de una trampa para perseguir a enemigos del cartismo, cuando la realidad señala que esos mismos “amigos” oenegeros y globalistas alistados bajo la bandera líbero-zurda fueron quienes acometieron una de las campañas más sucias y arteras de que tenga memoria el electoralismo paraguayo en la campaña electoral del 2023.