Los sindicatos señalan que el Indert demora más de la cuenta en la resolución de los reclamos de tierras para el sector campesino y se sienten ninguneados por las autoridades del ente agrario, según el comunicado dado a conocer a la opinión pública.
El Sindicato de Trabajadores del IBR (actual Indert) Sintibir, y el Sindicato de Trabajadores de la Reforma Agraria, Sintra, dieron a conocer un comunicado a la opinión pública en el cual denuncian el ambiente de tensión que reina en el ente agrario debido a varios factores que, según coinciden, comprometen la calidad de servicio del presidente, Francisco Ruiz Díaz, y del gerente general, Angello Gill.
Según afirman ambos sindicatos, las autoridades les niegan sistemáticamente la posibilidad de una reunión para tratar temas de interés general, como el seguro médico para el funcionariado, la desprecarización, el retiro voluntario y el cumplimiento del contrato colectivo.
En el mismo orden, y sin presentar pruebas, documentos o evidencias concretas, denuncian que las recaudaciones se han reducido drásticamente, mientras los trámites sobre tierras para el campesinado demoran de forma excesiva.
Sostienen que tampoco reciben respuesta a requerimientos sobre cantidad real de titulaciones tramitadas o entregadas, así como contratos del Proyecto SIRT (Sistema de Información de Recursos de la Tierra).
En general, tanto el Sintibir como el Sintra denuncian varios puntos a los que piden pronta solución, y que son los siguientes:
1- Trato inhumano a jubilados, muchos de ellos con demandas en lo contencioso;
2- Persecución y montaje de causas a funcionarios de carrera con el objetivo de apartarles de sus cargos y enviarles al freezer;
3- Datos dudosos sobre titulaciones y recaudación (sospechas de datos inflados y apropiación de logros de anteriores administraciones agrarias);
4- Posible malversación de fondos del Proyecto SIRT a través de pagos y contratos por montos superiores a las respectivas categorías, sumado al derroche de viáticos y combustibles;
5- Intervenciones a direcciones regionales con acusaciones sin resultados;
6- Desarraigo forzoso y maltrato sistemático a funcionarios de Caaguazú, despreciando derechos y negándose a dialogar en busca de solución;
7- Creación del Proyecto Nacional del Chaco (Pronachaco) sin aprobación de la Junta Asesora, lo cual implica la superposición de funciones con la dirección de la Región Occidental;
8. Sospechas de lesión de confianza en cobros por tierras de la colonia Nueva Mestre, y al mismo tiempo un manejo paralelo en tierras del Chaco vía “donaciones” desconocidas por la Junta Asesora.
“Requerimos una institución transparente, con datos verdaderos, que utilice sus escasos recursos como corresponde, con acciones justas y no sólo con retórica demagógica, con respeto a sus funcionarios y con vocación de servicio a los campesinos”, señala finalmente el documento, que también se dirige al presidente de la República, Santiago Peña, solicitándole “que no siga improvisando en el Indert”.
El documento de marras no lleva firma visibilizada, sino generaliza con alusión a “secretarios generales”.