“El fin justifica los medios” es el aterrador mensaje emitido por una ONG que dice defender los derechos humanos pero en la práctica victimiza a criminales y expone una retórica revolucionaria que atenta contra el orden establecido en el Estado de Derecho.
“Resistencia ante la criminalización de las invasiones y el desalojo violento” es el mensaje emitido públicamente por la Organización No Gubernamental Base-IS (Baseis) en el contexto de la victimización de los invasores de Pindó, que se mantienen desde el 2012 en la propiedad privada a base de amenazas de muerte y munidos de armas de grueso calibre -como potentes fusiles 5.56- y bombas caseras.
En una retórica común de la izquierda fundamentalista, Baseis denuncia el “clima de hostigamiento judicial y mediático” a la comunidad invadida, autodenominada “1° de Marzo Joaju”, ubicada en Naranjito, departamento de Canindeyú.
Según la ONG de izquierda radical, las familias campesinas vienen denunciando sistemáticamente su reclamo de tierra propia y reafirman que la causa es “por la paz, la tierra, el trabajo y la dignidad”, cuando en realidad se trata de hordas criminales armadas hasta los dientes que se manejan bajo sus propias leyes y mantienen a distancia al propio Estado, mientras la impunidad les ha fortalecido como un verdadero búnker donde operan campantes con prácticas guerrilleras.
Los propietarios legítimos de Pindó son tratados de “usurpadores”, y la fuerza pública es acusada de operar en contra de los derechos consagrados para los “sintierra”, en otra retórica repetida hasta el cansancio cuando se trata de encontrar argumentos para justificar la violación de la propiedad privada.
“Los pobladores (de Pindó) denuncian que estas tierras, originalmente destinadas a la reforma agraria, han sido objeto de irregularidades administrativas y apropiaciones indebidas”, sostiene la ONG de izquierda sin reparar en las documentaciones presentadas por Pindó ante las instancias correspondientes, léase Ministerio Público y Congreso Nacional, entre otras instituciones del Estado, que por otra parte nada han hecho en los 13 años de invasión para reivindicar el derecho consagrado a la propiedad privada.
“Combate” (sic) se denomina el lugar frecuentado por los invasores y cómplices para urdir movilizaciones que, en todos los casos, son acompañadas de gente armada y dispuesta a pervertir el orden público, como ocurrió el pasado 28 de setiembre, cuando hordas incendiarias tomaron de rehén a un alto jefe de la Policía Nacional y tras ser amenazado de muerte rodeado de armas y puñales, fue humillado al ser obligado a entonar a gritos el conocido estribillo “el pueblo unido jamás será vencido”.
Los reclamos de propietarios son tildados por Baseis de “violencia en el campo” como resultado “de un patrón sistemático de persecución penal contra líderes comunitarios, desalojos sin orden judicial y operativos policiales”.
La “persecución penal” se trata de las denuncias reiteradas de los propietarios de Pindó para la recuperación de sus tierras invadidas; los “desalojos sin orden judicial” en realidad se refieren a 5 órdenes de desalojo incumplidas, y los “operativos policiales” cuestionados aluden a tímidas reacciones de policías que acaban por rendirse ante las amenazas y el mayor poder de fuego de los denunciados.
“Desde la comunidad 1° de Marzo Joaju, el mensaje es claro: Resistir por la vida y la dignidad frente al avance del agronegocio y la represión. La demanda de regularización no solo busca el reconocimiento legal de las tierras ocupadas, sino también el derecho histórico del pueblo campesino a producir, habitar y decidir sobre su territorio”, dispara Baseis.
Añade que “en tiempos de criminalización y despojo, la organización colectiva sigue siendo el camino para conquistar la justicia social y territorial en Paraguay”, en un claro mensaje de que la asociación ilícita y su derivado de violencia es camino de valor para apropiarse de tierras ajenas en Paraguay, pasando por alto derechos constitucionales que consagran la soberanía de la propiedad privada, la seguridad jurídica y el Estado de Derecho.