Oculto entre el follaje se observa marihuana procesada, aprestada para el tráfico por los narco-invasores, que se movilizan como guerrilleros con armas de grueso calibre, bombas caseras y puñales coleccionables, en medio de la absoluta ausencia del Estado.
Fuerzas antinarcóticas de Paraguay y Brasil realizaron un operativo de grandes dimensiones en los departamentos de Canindeyú, Caaguazú y Alto Paraná, exponiendo el enorme potencial logístico y de fuego con que operan los cárteles de la droga en esa región de la frontera donde se produce el 90 por ciento de la “merca” que es dirigida posteriormente a los mercados a través de rutas clandestinas.
Uno de los operativos tuvo lugar en la estancia Pindó, invadida desde el 2012, donde los agentes especiales detectaron parte de las 1.000 toneladas de marihuana incautadas en el marco del Operativo Nueva Alianza 53.
La producción de droga en el interior de la invasión no es novedad para los vecinos, quienes desde hace años denuncian en voz baja el movimiento de narcos en el sector, donde es utilizada mano de obra esclavizada, especialmente mujeres y niños, entre otros abusos y perversión.
Los invasores cuentan con logística adecuada para la producción y tráfico de droga en gran escala, informaron agentes antinarcóticos tras revelar detalles del funcionamiento de la invadida Pindó, donde en una ocasión anterior también la Senad se encontró con un laboratorio de droga vip defendido por invasores con armas de grueso calibre, entre ellos potentes fusiles de guerra de uso reservado para fuerzas militares, a más de bombas de fabricación casera, puñales, estoques y otros variados elementos de ataque producidos por el ingenio criminal de los supuestos campesinos sin tierra.
De acuerdo a los datos, el interior de Pindó en poder de saqueadores se ha convertido en un búnker tipo guerrillero, con redes de información interna y externa que se encargan de mantener el orden establecido, que depende de una dirigencia vertical liderada por el temible Jorge Mercado, con varias órdenes de captura por un rosario de delitos, entre ellos casos de homicidio, narcotráfico, abuso de menores, portación y uso ilegal de armas, abigeato, depredación de recursos naturales e invasión de propiedad privada.
Pindó está instalado en medio de propiedades agropecuarias y zonas habitacionales desarrolladas que reclaman vivir en tranquilidad, pero se ven periódicamente en alerta por las escaramuzas violentas en el interior de la estancia, con secuelas de peligro en todo el entorno poblacional.
Ni una sola institución del Estado paraguayo hace acto de presencia e intervención en el lugar invadido, a pesar de las graves evidencias de delitos, e incluso crímenes, como la utilización de mujeres y niños en actividades ilegales, prostitución y trata de personas, según testimonios de testigos.