El ministro de Salud boliviano está detenido tras ser acusado de lucrar con recursos públicos destinados al coronavirus. En Paraguay, los amigos involucrados en negociados similares gozan de buena salud. Foto: Diario El País.

En una decisión concluyente, el Gobierno de Bolivia ordenó este miércoles la detención del ministro de Salud, Marcelo Navajas, señalado de adquirir 170 equipos contra el coronavirus a precios sobrefacturados.

Informaciones divulgadas por el diario paceño El País afirman que junto con el secretario de Estado fueron privados de libertad dos consultores del Ministerio de Salud acusados de financiar la operación ilegal, con matices que están siendo investigados.

La presidenta transitoria, Jeanine Añez, expresó públicamente su intención de afrontar el caso con mano dura.

Similares términos utilizó en Paraguay el presidente Mario Abdo Benítez poco después de asumir su cargo en el 2018, y los mantuvo durante un tiempo, hasta que comenzaron a saltar a través de la prensa detalles de escándalos de corrupción, incrementados exponencialmente durante la presente cuarentena sanitaria por el coronavirus.

Marito, como se lo conoce popularmente, se ha negado sistemáticamente a poner en práctica su promocionada expresión, presentada en formato spot, luego de que cinco ministros del Poder Ejecutivo fueran señalados de mentir en sus declaraciones juradas.

Con el paso del tiempo, el presidente ha ido perdiendo autoridad, hasta que fue sorprendido por la pandemia, que cayó como gracia para muchas autoridades y referentes del sector privado que se asociaron para delinquir.

A diferencia de Bolivia, país con el que Paraguay comparte una extensa frontera común, por estos lares el ministro de la cartera de Salud Pública, Julio Mazzoleni, mantiene el 100 por ciento de confianza del Gobierno, en base a resultados reconocidamente satisfactorios de la política contra la pandemia.

Sin embargo, no ha pasado desapercibido que sobre los hombros del considerado “ministro héroe” reposa gran parte de la responsabilidad en la provisión de insumos, equipos y materiales biomédicos con los cuales, a esta hora, hubieran estado cubiertos todos los puestos, centros y hospitales de salud pública.

Esto no ha pasado, y mientras las autoridades sanitarias pierden tiempo vital involucrándose en intríngulis burocráticos, la ciudadanía es expuesta abiertamente al mal.

Con respecto al escándalo desatado en Bolivia, la prensa afirma en base a investigaciones que cada equipo (ventilador) contra el covid adquirido en España cuesta en fábrica 7.194 dólares, pero el Gobierno pagó 28.000 dólares por unidad.

En un escenario calcado a lo que ocurre en Paraguay, en el vecino país los equipos también fueron objetados por las asociaciones médicas de Bolivia, por motivos distintos al precio exorbitante que se pagaron por ellos, sostiene El País.

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