Miguel Cuevas está acusado de privar a niños humildes de Paraguarí leche vital para el pan diario por valor de G. 40.000 millones, más otras decenas de millones en otras desprolijidades en el ámbito público. En caso que reciba sentencia, podrá embolsarse definitivamente todos sus bienes malhabidos, como premio de la ley a la corrupción.
Hoy, condenar la corrupción pública como un mal endémico en nuestro país es demasiado importante, no hay voluntad política y hay que construirla con la presión generada por la ciudadanía, afirmó la diputada nacional Kattya González.
“Vemos que el comiso de bienes que son productos de la corrupción pública tampoco es ley; tenemos el comiso de bienes en el narcotráfico y en el contrabando, pero aquel corrupto que ha robado del erario público finalmente se va unos meses a la cárcel, se complica algo, sale en los diarios, y posteriormente está libre para disponer a su entera disposición ese dinero malhabido, él y todas las generaciones que le sucedan”, disparó.
Expresó que no hay una política pública al respecto, y en ese sentido hay que hacer una reevaluación de las decisiones políticas.
La comisión especial formada en Diputados para la supervisión y el control de las compras covid 19 ha suscripto un proyecto de ley para elevar las penas para casos de corrupción pública, y que se conviertan en crímenes, que con las sanciones debidas puedan llegar hasta a 25 años de prisión.
Las declaraciones las hizo la diputada en el marco de la ampliación de denuncias en el caso de la malograda compra de insumos médicos en el Ministerio de Salud Pública.
Esta denuncia se sucede a una primera efectuada en abril pasado, luego de que llegara la primera partida de baratijas chinos que precipitaron un escándalo mediático mayúsculo, pero la gravedad de los hechos no se interpreta de esta manera a nivel del Gobierno nacional, la cartera de Salud e incluso en el Ministerio Público, que según González se maneja como si se tratara de un mal menor y sin relevancia, “cuando todos sabemos que está en grave riesgo la propia vida de la gente”.
La comisión aludida está conformada por los diputados Sebastián Villarejo, Sebastián García Kattya González, Tito Ibarrola, Carlos Rejala, Norma Camacho y Jorge Brítez.
Diputados liberales que participaron de la primera intervención fueron excluidos en esta ocasión “por jugar a dos puntas”, señaló la diputada Kattya González, sin entrar en mayores detalles, pero aludiendo al descontento del resto de los partidos con la elección de nuevas autoridades en el Congreso.