Sandra Quiñónez, fiscala general del Estado. En esta dirección apunta la responsabilidad de esclarecer el rosario de irregularidades en las compras de Salud Pública y otras erogaciones de los fondos del covid, afirmó la diputada Kattya González.
“La ciudadanía está pasando grandes necesidades, ante la terrible expectativa de no saber hasta dónde o hasta cuándo, pero las autoridades que dicen representar sus derechos a una vida digna en cualquier circunstancia hacen parte de ausentes”, afirmó la diputada Kattya González, quien preside una nueva comisión de la Cámara Baja encargada de la investigación y control de los fondos del covid.
Entre tantos puntos, se refirió a las polémicas licitaciones de Salud Pública que acabaron en un escándalo de proporciones luego de que salieran a luz detalles de los negocios, que resultaron en negociados por montos multimillonarios que permanecen impunes.
“Una cosa es una licitación, pero estamos hablando nada menos que de 32 licitaciones, entonces estamos hablando de todo un esquema montado para estafar, que debe ser aclarado totalmente a la ciudadanía porque el sacrificio que se le ha pedido en esta pandemia es superlativo, en vez de estar respondiendo de manera tibia, timorata, con evasivas, sobre decisiones que de ninguna manera van a vulnerar los derechos de los involucrados”, expresó en referencia a la inoperancia fiscal.
“Acá se tienen que asumir decisiones políticas, y en medio de esto parece que la Fiscalía no está entendiendo el tema. Acá hay funcionarios implicados que ahora mismo estarán tocando o manipulando evidencias, que eventualmente podrían obstruir determinados procesos irregulares y eso no puede ser, por eso a renglón seguido decimos a la titular de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Dra. Soledad Machuca, que dé la cara, que nos convoque y que nos diga cuántas denuncias le hemos presentado, cómo están los avances y cuál es la hipótesis fáctica que elabora ya preliminarmente el Ministerio Público, fundamentalmente con lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud, que no avanzó prácticamente nada”, disparó.
“Estamos hablando también de las cuentas que utilizaban para pedir el concurso de empresas para las compras de insumos médicos, que eran de correo particular. Esto, lo que hace es impedir el celo institucional, con relevancia penal, y también se ha utilizado la excusa del mecanismo simplificado que se habilita a través de la Ley de Emergencia, para hacer lo mismo que Petropar: adquirir insumos que no eran vitales para enfrentar al covid, y así tenemos una serie de irregularidades que incluyen los sobrecostos, que eventualmente van a determinarse a través de algunas de las licitaciones que están en diferentes procesos”, apuntó.
La diputada González, identificada por su actitud frontal y arrojo en el ejercicio de sus funciones legislativas, manifestó a La Mira que las irregularidades “de todo este fenómeno público” se extienden a una cadena interminable de responsables, pero sin embargo los reportes alusivos “son meramente declarativos, que a lo máximo que pueden llevar es a sanciones administrativas y no penales, como corresponde investigar desde el momento que hay sospechas de manoseo a las arcas del Estado”.
Añadió que, de esta manera, se presenta una situación que no puede quedarse solamente en el ámbito civil.
“Si tratamos estas tentativas de estafas al pueblo paraguayo a través de estas compras, o por el accionar de este esquema delictivo, que es la misma cosa, vamos a ir a tribunales con las calendas griegas (para nada). Por eso es que el discurso bajo el ropaje de ser institucionalista de que acá se respeta el principio de inocencia ya no cuela”, precisó.