La CGR utiliza graves adjetivos para cuestionar la gestión de Ohlandt, «ahijado» de Benigno, en el colosal despojo a los recursos del IPS. «Jamás pudo alegar desconocimiento porque, en tal caso, lo hubiera denunciado al tomar conocimiento de los hechos», dice el informe.
En los años 2016,2017 y 2018, el entonces presidente del IPS, Benigno López, capitaneó un esquema de perversión institucional que precipitó un daño emergente (lucro cesante) documentado por la Contraloría General de la República (CGR), de G. 14.868,.823.834, resultante del ilegal, caprichoso y artero embargo de bienes y recursos institucionales, en contravención a la propia Carta Orgánica y a leyes consagradas por la Constitución Nacional acerca de la inembargabilidad del activo no corriente.
En el 2016, el capital embargado fue de G. 60.590.154.173, que dejaba un rendimiento para el IPS de G. 2.538.727.460 a una tasa de interés pasiva de 4.19%. Con esta misma tasa fijada por el BCP, se repitió la misma suma de lucro cesante en los siguientes años de 2017 y 2018, con un total de intereses no devengados de G. 7.616.182.380, que representa el monto del perjuicio ocasionado a las finanzas del IPS.
Por el mismo monto de capital embargado en guaraníes, con una tasa de interés promedio de 3.99% en los años 2016, 2017 y 2018, el IPS también acusó un daño patrimonial de 2.417.547.151 por año, que configura un monto total de G. 7.252.641.454, en el ítem de rendimiento mínimo de inversiones en CDA en guaraníes. Todo este perjuicio acumulado por la administración de Benigno le significó al IPS un daño patrimonial de G. 14.868.823.834, que deberá ser cargado sobre los hombros de los trabajadores asegurados, empresas aportantes y jubilados.
La Contraloría General afina su punto de mira contra una dependencia clave en el esquema delictivo descubierto.
Se trata de la Dirección Jurídica, a cargo de Andreas Ohlandt, reconocido como carnal de Benigno, y con frondoso prontuario en la función pública.
Ohlandt, junto con profesionales abogados a su cargo, se encargó de hacer tabla rasa y pasar por alto todos los pedidos de descargo y requerimientos correctivos de la CGR luego de cada irregularidad detectada en el manejo del IPS, específicamente en el tema del negociado feroz con los Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA).
“Resulta totalmente inadmisible que la Dirección Jurídica del IPS deba recibir una recomendación de la CGR para cumplir con sus obligaciones, establecidas en el mismo manual del IPS, por cuya criminal inobservancia se ha producido un daño patrimonial tremendo al IPS, siendo la Dirección Jurídica la responsable principal de velar por el cumplimiento y aplicación de las normas legales y administrativas pertinentes en defensa de los intereses de la institución”, señala el informe de la CGR.
Califica la actitud de Ohlandt y su equipo abogados de cometer “criminal inobservancia” de las recomendaciones, y de no mover un dedo para levantar, por presión ni de oficio, los siderales montos embargados en guaraníes, dejando pasar cómplicemente los meses y años para que el daño institucional se ahonde y los beneficios en capitales e intereses para “los muchachos” se incremente exponencialmente, generando con ello nuevos ricos a expensas del sudor de los asegurados aportantes y jubilados.
Ohlandt y su equipo no podía alegar desconocimiento de los embargos descritos porque, en ese caso, hubiera presentado la denuncia de rigor ante los peritos contralores, pero prefirió guardar silencio en todo momento, y ni siquiera se dignó en presentar el descargo correspondiente en su momento, colaborando de esta manera a consumar el despojo a los bienes del IPS.