La denuncia formal presentada ante el Ministerio Público. En todo este tiempo, la fiscala general Sandra Quiñónez no ha dispuesto una sola diligencia que llevara a certificar y castigar el negociado, que dejó un agujero superior a G. 14.000 millones al IPS.
Todos los directivos y jefes comprometidos en el negociado feroz con los certificados de ahorros depositados en bancos de plaza, como resultado de embargos de bienes del IPS realizados en flagrante violación a la Carta Orgánica institucional y a leyes de la República, podrían enfrentar una expectativa de pena de hasta 10 años de prisión, que establece el Código Penal para hechos punibles contra el patrimonio, en este caso el artículo 192 “Lesión de confianza” especialmente grave.
La pena tendría el estatus de agravante si se tiene en cuenta la Ley Nº 5655/2016 sobre inembargabilidad de los bienes; decreto ley Nº 1860/50 y el Artículo 106º “De la responsabilidad del funcionario público”.
La denuncia correspondiente fue presentada por el Dr. Econ. Sergio Lovera Cañete, Unión de Jubilados del IPS, Jorgelina Amarilla (líder sindical histórico), y el Gremio de Jubilados del IPS, entre otros, y solicita específicamente al Ministerio Público disponga la realización de los actos de investigación necesarios para el esclarecimiento de los hechos denunciados, formule imputación contra las personas que resultaren responsables, y una vez agotada la etapa de investigación formular acusación, solicitando la apertura de juicio oral y público para que se haga justicia.
La presentación fiscal se realizó en fecha 29 de octubre de 2018, poco más de 7 meses después de que asumiera el cargo de fiscal general del Estado la abogada Sandra Quiñónez, quien, según los denunciantes, en todo este tiempo no ha imprimido una sola diligencia investigativa que lleve a sacar a luz los trapos sucios amontonados por Benigno López y su camarilla de genuflexos, específicamente Andreas Ohlandt (director jurídico del IPS); Oscar Daniel Guillén (jefe del Departamento Judicial de la Dirección Jurídica); Nathalia Ruiz Díaz (coordinadora de la Dirección Jurídica); Alma María Eugenio Alvarenga (auditora); Alicia Celeste Olazar (coordinadora de Auditoría Interna); Víctor Hugo Molinas (director de Cálculos Actuariales), y el síndico de la institución.
Los documentos presentados a consideración y juzgamiento del Ministerio Público comprometen a López en un daño patrimonial (lucro cesante), de G. 14.868.823.834, a través del negociado con Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA), calificado de “hecho criminal” por la propia Contraloría General de la República, que insertó en su informe el esquema de perversión practicado con los recursos institucionales.
De esta manera, en la misma dirección de impunidad que el hiper negociado con el préstamo espurio a Tigo Paraguay, que provocó un daño patrimonial de 27.500.000 dólares al IPS (publicado por el diario La Mira), en esta ocasión el negociado feroz con CDA también se dirige rumbo al opareí, como si se tratara de un delito menor o una anécdota de pasarela.