El «progresista» Sixto Pereira, considerado enemigo número 1 de la propiedad privada, emerge como cabeza visible del proyecto que busca expropiar la invasión de Pindó, en abierta violación al Estado de Derecho y al más puro estilo castro-chavismo bolivariano.
“Nada de lo que se produce es, ni puede ser, legal en una propiedad ajena invadida”, afirmó la asesora jurídica de la agroganadera Pindó, Dra. Margarita Colmán, tras sacar a relucir aspectos turbios del intento artero de los violentos de lograr la expropiación de las tierras ajenas con la ayuda de políticos oportunistas que ven en la violación de la propiedad privada una excelente materia prima proselitista, más aun de cara a las próximas elecciones generales del 2023, donde la situación se presenta perturbador y alarmante para la izquierda.
De la garra de senadores como Hugo Richer, Pedro Santacruz y Sixto Pereira, referentes de peso de la izquierda paraguaya, el proyecto de ley que pide expropiar Pindó es objeto de intensas discusiones entre bambalinas.
Por un lado, voces discordantes con el proyecto en cuestión señalan que está en juego nada menos que la libertad de trabajar y producir en el Paraguay, en el sentido de que ninguna persona se animará a emprender en tierras ilegítimas, a sabiendas de que todo lo producido será de naturaleza espuria.
El burdo proyecto de violar la ley expropiando una propiedad privada tiene detalles no menores, como la exaltación de la necesidad social de los invasores, por encima del voluminoso expediente que contiene documentación explícita acerca de la validez del título de propiedad de Pindó.
La victimización de delincuentes, en muchos casos ha generado reacciones positivas de la sociedad y de las autoridades.
En el caso de Pindó, desde el momento que se consumó la invasión a punta de armas de fuego y amenazas de variado calibre se puso en marcha un esquema de organización que, lejos de recurrir a los mecanismos legales para la obtención de parcelas, desarrolló un libreto calcado de la izquierda “revolucionaria”, comenzando por los padrinos.
Sin pérdida de tiempo, los invasores procedieron a la depredación brutal del bosque nativo de 2.000 hectáreas mantenido como reserva valiosa, ofertando libremente la madera de primera calidad y obteniendo millonarios beneficios económicos ilegales.
Al mismo tiempo, las familias se dedican a la agricultura, entre ellas el cultivo de marihuana, a más de la práctica del abigeato y la producción de soja, el mismo rubro satanizado por sus “compañeros y compañeras” que “trabajan” en otros ámbitos.
Toda esta actividad ilícita produce a las familias ganancias espurias, a las que suma su grano de arena la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que les provee de energía eléctrica gratis para que puedan hacer funcionar sus industrias madereras clandestinas, produciendo daños económicos siderales a la energética estatal, la misma que no tiene piedad a la hora de aplicar la ley de consumo de energía eléctrica a los “comunes”.
Este tipo de delincuencia organizada y apadrinada es la que pide expropiar tierras invadidas, en total desprecio de la Constitución Nacional y las leyes de la República que consagran derechos sobre la propiedad privada y establecen normas explícitas para los violadores.
Este jueves, el Senado de la República decidirá si respeta la institucionalidad establecida en la Carta Magna, o se somete a los intereses de los violentos apadrinados por la izquierda.