Micros chatarra en Asunción. «Los responsables de definir las políticas energéticas están concentrados en la disputa politiquera: no ven, no escuchan, no responden a las inquietudes de la gente», expresa la UGP tras bregar por el transporte eléctrico.
Los productores agremiados del Paraguay colocan contra la pared al presidente Mario Abdo Benítez tras acusarle de ser significativamente ineficiente para solucionar los graves problemas nacionales, con una economía en franco deterioro y una ciudadanía cada vez más comprimida por la pobreza y la falta de atención a sus derechos básicos, como la salud y la educación.
A través de un comunicado, aluden también al contrasentido de que el país cuenta con la segunda mayor represa hidroenergética del mundo, cuyos beneficios prácticamente se desconocen.
“Los responsables de definir las políticas energéticas están concentrados en la disputa politiquera: no ven, no escuchan, no responden a las inquietudes de fondo y, menos aún, presentan propuestas dinamizadoras”, expresa el documento.
“¿De qué nos sirve ser el único país cuya fuente de energía eléctrica es 100 por ciento renovable, si no se aprovecha la circunstancia para dar un golpe de timón hacia la transformación del transporte eléctrico, incluido el transporte público de pasajeros?”, añade el comunicado.
La UGP advierte que, en un año donde la economía será duramente afectada por los efectos de la sequía y en el cual el mundo se ve sacudido por el conflicto, se requiere una conducción firme y clara que mire el Paraguay, y no solo la elección de 2023.
Los productores agremiados expresan que es preciso estabilizar el precio del combustible, resignar un impuesto como el selectivo al consumo, impulsar decididamente un cambio en la matriz energética y cortar algunos tentáculos de la corrupción “que tiene también un fuerte protagonismo en este problema”.
El comunicado se da a conocer a caballo de graves problemas derivados del encarecimiento de los combustibles que, según apreciaciones de expertos, no corresponde porque Petropar aún provee al mercado el carburante adquirido a precios anteriores a la guerra en Ucrania, por lo que la suba no solo es artificial sino configura una estafa multimillonaria al bolsillo de los consumidores.