El embajador se ríe de la Constitución Nacional del Paraguay que consagra la soberanía y el Estado de Derecho. Ahora tendrá limitaciones para no volver a meterse en los asuntos internos del país, advirtió el futuro canciller nacional.
Durante el próximo gobierno del presidente electo, Santiago Peña, Estados Unidos no seguirá utilizando a la República del Paraguay como un pueblo sometido a sus caprichos e intereses, violando a placer la soberanía de la República y despreciando arteramente la majestad de las leyes, sin ningún cuidado del orden jurídico de las naciones que establece la majestad del Estado de Derecho y la institucionalidad como bases fundamentales de la democracia.
Este nuevo y firme paradigma de gobierno esbozó el futuro ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, tras ser requerido por sectores de prensa, especialmente por holdings mediáticos fanáticos de Marito y Efraín, que buscan, alineados en asociación, tirar el enorme fardo que significa el desastre de gobierno actual a los hombros del nuevo gobierno electo, siguiendo la misma línea de ninguneo y blanqueo de los rapiñadores públicos que perduró campante durante todos estos años.
Marito es señalado como principal promotor y culpable de haber entregado a Estados Unidos las riendas jurídicas e institucionales del Paraguay con el objetivo macro de que los norteños saquen de su camino al ex presidente Cartes a través de acusaciones sin bases documentales que llevaron al actual titular de la ANR a ser declarado significativamente corrupto, al igual que otros 8 jerarcas colorados, entre ellos el propio vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quienes fueron expuestos al escarnio público de forma descarada y abierta con el fiel acompañamiento del abdismo, el efrainismo y la prensa alquilada, que continúa campante en sus cuarenta bajo el falso perfil de “independiente”.
Lejos de retroceder en su “golpe de Estado” tras violar la soberanía paraguaya, Estados Unidos se resiste a presentar las pruebas que alega sobre los acusados, limitándose a cruzarse de brazos ante los pedidos de rectificación, entre ellos los de la propia ONU, que acusó al país del Norte de establecer un original mecanismo de “justicia propia” oficiando al mismo tiempo de juez y parte, en contra de leyes y normas que consagran el respeto irrestricto e innegociable del derecho a la defensa de cualquier persona acusada de delitos y crímenes que ellos consideran peligrosos para su seguridad.
Se desconoce aún la mecánica de acción que desarrollará el nuevo gobierno en espera, pero mientras tanto el futuro canciller nacional adelantó que se establecerán limitaciones a Estados Unidos, especialmente en ámbitos que competen a la seguridad de la República y la vigencia de la institucionalidad en Estado de Derecho.
El gobierno norteamericano se ha cuidado arteramente de declarar “significativamente corrupto” a referentes del oficialismo colorado amigo encabezado por Mario Abdo Benítez, a pesar de graves acusaciones de rapiña pública, y también opositores vinculados a delitos como el mismo Efraín Alegre, quien enfrenta un rosario de al menos 70 denuncias de saqueo, entre ellos durante su aventura de ministro de Obras Públicas y como titular de su propio partido, en medio del silencio sepulcral de holdings mediáticos aliados igualmente comprometidos en fechorías como el lavado de dinero y negociados feroces a través de licitaciones dirigidas, a costa de la plata pública.